Una denuncia penal presentada ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público puso bajo foco al intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón, junto al director jurídico Héctor Urbano Parodi Molina y al director jurídico adjunto José David Macedo Giménez, por presuntos hechos de lesión de confianza, cobro indebido de honorarios y eventual perjuicio patrimonial contra la Municipalidad.
La presentación fue impulsada por el concejal y contralor municipal Federico Isaac Rojas, quien sostiene que funcionarios jurídicos de la propia comuna habrían percibido honorarios millonarios en procesos vinculados al municipio pese a integrar el plantel estable de funcionarios remunerados.
Entre los puntos señalados en la denuncia aparecen pagos realizados bajo el Objeto de Gasto 915, correspondiente a gastos judiciales y honorarios regulados judicialmente. Según la documentación mencionada por el denunciante, en noviembre de 2023 se habría obligado al municipio al pago de más de ₲ 1.054 millones, mientras que en diciembre de 2025 se registró otro desembolso de ₲ 569 millones dentro del mismo concepto presupuestario.
Rojas sostiene que parte de esos pagos fueron ejecutados utilizando fondos de inversión municipales y cuestiona además la ausencia de apelaciones judiciales por parte de la administración municipal. En entrevista con Parámetro, el concejal detalló cómo se originó la investigación y cuáles son las principales observaciones planteadas ante Fiscalía.
Concejal municipal de San Lorenzo, Isaac Rojas
“Los propios asesores jurídicos regularon honorarios a su favor”
¿Cómo detecta este presunto esquema de cobro indebido de honorarios, lesión de confianza y posible daño patrimonial?
Rojas: Analizando los informes financieros correspondientes al ejercicio 2023 detecté que, en la ejecución presupuestaria de noviembre, dentro del Objeto de Gasto 915 —Gastos Judiciales—, se registró una erogación superior a ₲ 1.000 millones. A partir de ahí inicié pedidos de acceso a la información pública para obtener la documentación respaldatoria.
Hasta hoy, la información fue entregada de manera incompleta, incluso mediante una orden judicial que actualmente enfrenta una acción de inconstitucionalidad planteada por la propia Municipalidad ante la Corte Suprema.
Posteriormente, entre los documentos remitidos a la Junta Municipal en marzo de 2024, se encontraba un dictamen de la Dirección General de Auditoría Interna Institucional donde se detallaba el uso de fondos de inversión para el pago de honorarios profesionales vinculados a la venta de un inmueble al SENACSA, por más de ₲ 900 millones.
De esa documentación se desprende que la factura original habría superado los ₲ 1.000 millones y que incluso las retenciones fueron absorbidas con fondos genuinos del municipio.
A partir de esa confirmación comenzó la investigación documental que permitió verificar que los propios asesores jurídicos de la Intendencia regularon judicialmente honorarios a favor de sí mismos. Además, no se encontró siquiera un recurso de apelación presentado en defensa de la Municipalidad, quedando firme el instrumento de cobro a favor del director y del director jurídico adjunto. Por eso promoví la denuncia por lesión de confianza y posible daño patrimonial.
“La Intendencia nunca respondió”
Antes de presentar la denuncia ante el Ministerio Público, ¿expuso el caso dentro de la Municipalidad?
Rojas: Sí. Como lo hice siempre y conforme a mi rol legal de contralor municipal, todos los hallazgos fueron puestos a conocimiento del pleno de la Junta Municipal y también se solicitaron informes formales a la Intendencia.
Sin embargo, se volvió una constante que la administración municipal no responda esos pedidos. La situación fue denunciada públicamente ante la Junta y posteriormente la ciudadanía tomó conocimiento a través de redes sociales.
¿Qué reacciones se generaron tras la presentación de la denuncia?
Rojas: Luego de la denuncia, la Municipalidad emitió un comunicado intentando aclarar que nunca se pagaron ₲ 3.200 millones. Pero esa cifra jamás fue mencionada en mi presentación.
Tampoco aclararon cuánto dinero ya fue efectivamente abonado, por qué no apelaron la resolución judicial ni por qué esos pagos fueron realizados utilizando fondos de inversión.
Además, comenzó una campaña de ataques en redes sociales impulsada, según sostiene el entorno de la denuncia, mediante perfiles falsos y cuentas vinculadas a funcionarios municipales, con el objetivo de desacreditar la presentación.
“La transparencia terminó reducida a marketing”
¿Ya existe un fiscal designado para investigar el caso?
Rojas: Hasta la fecha, tengo dos denuncias presentadas ante la Unidad de Delitos Económicos y ambas continúan pendientes de asignación fiscal.
Según su criterio, ¿a qué podría deberse esta demora?
Rojas: Tengo conocimiento de gestiones y presiones políticas realizadas por el senador, padre del intendente, en distintos organismos de control y espacios vinculados al sistema de justicia.
A esto se suma la falta de avances en el caso del niño Tobías, donde ya transcurrieron cerca de 90 días desde la tragedia sin imputaciones que permitan esclarecer si la obra ejecutada por la Municipalidad tuvo responsabilidad o no en el hecho.
¿Cómo impactan estos hechos en la ciudadanía sanlorenzana? ¿Qué mensaje se está transmitiendo?
Rojas: Mientras existen múltiples acciones de inconstitucionalidad, rendiciones pendientes ante el Tribunal de Cuentas y numerosas denuncias documentadas sin respuestas concretas, la administración municipal es presentada públicamente como ejemplo de “excelencia en gestión”.
El mensaje que recibe hoy la ciudadanía es preocupante: que la transparencia termina reducida a marketing institucional.
Los contribuyentes pagan sus impuestos en una ciudad marcada por calles destruidas, barrios abandonados y una gestión que, según cuestiona el concejal, no prioriza a la ciudadanía fuera del microcentro. Y la rendición real de cuentas sobre el destino de los recursos públicos termina convirtiéndose en una utopía.
