La APF no paga su seguridad y la ciudadanía queda expuesta en las canchas

La violencia en el superclásico expone un problema estructural: la seguridad en eventos de la APF se financia con impuestos. El Estado cubre el operativo, pero no garantiza protección efectiva a quienes asisten.

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Fuera de juego 20/4/26

Por Prabhat Pacua

La violencia registrada en el superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia volvió a exponer una tensión que trasciende el resultado deportivo. Disturbios en graderías, intervención policial dentro del estadio y versiones en disputa sobre el origen del conflicto reinstalaron una pregunta de fondo: cómo se financia y quién controla la seguridad en el fútbol paraguayo.

Miles de personas acudieron a un evento masivo bajo un esquema donde la seguridad depende íntegramente del Estado. La presencia de la Policía Nacional dentro del estadio, prevista dentro de los operativos, y la falta de claridad sobre el control efectivo evidencian un sistema que no garantiza plenamente la protección de quienes asisten, incluidas familias.

Seguridad sin financiamiento privado

Según documentación oficial de la Policía Nacional, la institución no recibe pago alguno por la cobertura de eventos organizados por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). El despliegue de agentes, viáticos, combustible y logística se financia en su totalidad con recursos públicos.

Los niños con capacidades especiales también asisten a las canchas

En 2024, este esquema implicó la movilización de 16.197 agentes en 34 partidos, con un costo estimado superior a USD 1,3 millones. Cada efectivo representó en promedio un gasto de ₲ 570.000. En encuentros de alto riesgo, como el superclásico, los operativos pueden alcanzar hasta 3.000 agentes.

Un modelo que concentra el riesgo

El diseño operativo establece que los clubes presentan sus planes de seguridad, pero la Policía Nacional define el dispositivo final y ejecuta el operativo. Esto implica que el Estado no solo financia el servicio, sino que también asume la responsabilidad directa sobre su implementación.

Sin embargo, los organizadores del espectáculo —la APF y los clubesno participan en el financiamiento de estos operativos. En la práctica, se configura un esquema donde un evento privado de alta concurrencia es cubierto con recursos públicos, sin compensación ni corresponsabilidad económica.

Escasos efectivos de la policía siendo sobrepasados ayer en el superclásico

Lo que hacen otros países

En otros sistemas, la carga de la seguridad se distribuye de manera distinta. En Alemania, los estados federados pueden cobrar a las ligas los operativos de alto riesgo. En el Reino Unido, los clubes financian la presencia policial dentro de los estadios. En España, existen tasas específicas para partidos que requieren mayor despliegue.

Paraguay no cuenta con una normativa similar. El contraste es directo: mientras en otros países los organizadores asumen parte del costo, en Paraguay el financiamiento recae exclusivamente sobre el Estado.

Familia olimpista asistiendo a un encuentro deportivo

Familias en un sistema sin garantías

El episodio del superclásico vuelve a evidenciar una debilidad estructural. El Estado despliega miles de agentes para cubrir eventos deportivos, pero ese esfuerzo no se traduce necesariamente en control efectivo ni en condiciones plenas de seguridad dentro de los estadios.

Las familias que asisten a estos encuentros lo hacen bajo un esquema donde la protección depende de recursos públicos limitados y sin participación financiera de quienes organizan el espectáculo. La ausencia de mecanismos que distribuyan costos y responsabilidades deja expuesto un sistema que, ante cada incidente, muestra sus límites.