La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) atraviesa el momento económico más fuerte de su historia reciente. El balance correspondiente al ejercicio 2025 refleja una estructura financiera que ya mueve cifras cercanas a los G. 600 mil millones anuales, impulsada por sponsors, televisión, torneos y aportes internacionales.
Pero detrás de los números aparece una discusión cada vez más sensible dentro del deporte paraguayo: la transparencia sobre el dinero que reciben los clubes.
Según la Memoria y Balance 2025 publicada oficialmente por la APF, la institución cerró el ejercicio con ingresos totales por G. 582.817 millones y egresos por G. 578.117 millones, manteniendo un superávit superior a G. 4.700 millones.
Vista aérea de la sede central de la Asociación Paraguaya de Fútbol en Luque, núcleo administrativo y financiero del fútbol paraguayo
El dinero que mueve el sistema
Uno de los datos más relevantes aparece en el apartado “Aporte a clubes/UFI/DTV Teledeportes”, que alcanzó G. 197.549 millones durante el año. El documento también registra G. 161.271 millones en concepto de “Aportes a Clubes” dentro del estado de resultados.
La cifra total equivale aproximadamente a entre USD 25 y 27 millones al cambio actual y confirma el enorme peso que tiene la redistribución económica dentro del modelo paraguayo.
Sin embargo, el balance no discrimina cuánto dinero recibió cada club, cuánto fue destinado específicamente a la UFI, cuánto corresponde al fútbol del interior ni qué porcentaje exacto proviene de derechos televisivos.
Tampoco expone públicamente los criterios de distribución utilizados para asignar los recursos.
En otras palabras: la APF informa cuánto dinero mueve el sistema, pero no transparenta cómo se reparte club por club.
Robert Harrison presenta el proyecto de Fair Play Financiero de la APF durante una jornada de exposición realizada en Luque
Fair Play Financiero y la discusión sobre transparencia
El debate aparece en un momento particular. La propia APF impulsa actualmente un proyecto de Fair Play Financiero para los clubes de Primera División, presentado oficialmente en 2025.
La iniciativa busca establecer mayores controles económicos sobre las instituciones, exigiendo sostenibilidad financiera, reducción de deudas y documentación respaldatoria sobre ingresos y gastos.
Entre los objetivos centrales del proyecto aparecen:
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equilibrio financiero,
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control presupuestario,
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trazabilidad documental,
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y mayor transparencia institucional.
Sin embargo, mientras la APF avanza hacia mayores exigencias para los clubes, el balance general mantiene una estructura contable agregada que dificulta rastrear el destino final de una parte importante de los fondos redistribuidos.
Robert Harrison presenta el Fair Play Financiero mientras crece el debate sobre la transparencia en la distribución de fondos de la APF
El poder económico de la APF
El modelo paraguayo funciona bajo un esquema mucho más centralizado e igualitario que otras ligas sudamericanas. Clubes con enorme peso comercial y de audiencia, como Olimpia y Cerro Porteño, reciben montos relativamente cercanos a entidades con menor capacidad de generación de ingresos.
La lógica histórica del sistema fue sostener la competitividad y evitar el colapso económico de clubes pequeños o del interior.
Eso convirtió a la APF en el principal centro financiero del fútbol paraguayo.
Para muchas instituciones, especialmente fuera del núcleo de los clubes grandes, el dinero redistribuido desde Luque representa una parte estructural de su funcionamiento operativo.
El balance también muestra un fuerte crecimiento comercial. Solo en sponsors, la APF declaró ingresos por G. 153.162 millones en 2025, frente a los G. 107.492 millones registrados el año anterior.
Mientras tanto, el gasto destinado únicamente al “Seleccionado de Mayores” alcanzó G. 62.051 millones durante el ejercicio.
El escenario confirma una APF sólida y con enorme capacidad económica. Pero también deja abierta una pregunta cada vez más incómoda dentro del fútbol paraguayo: quién controla realmente el dinero del sistema y cuánto sabe el público sobre el destino final de esos recursos.
