La causa conocida como “mafia de los pagarés” sigue acumulando cifras que reflejan el impacto del esquema investigado. Según los resultados preliminares del registro presentado por la Comisión de Investigación del Congreso, existen 3.000 víctimas inscriptas, de las cuales 2.000 ya están registradas y documentadas. Sobre ese universo relevado, el 92% manifestó que nunca recibió notificación judicial de los procesos en su contra y el 77% continúa sufriendo embargos mensuales.
El informe también detalla que 79% de las víctimas son funcionarios públicos, principalmente del Ministerio de Educación y Ciencias —que concentra el 40% de ese segmento— y alrededor del 15% del Ministerio de Salud. Además, el 68% de las personas afectadas son mujeres.
Delimitación procesal en el caso CARSA
En medio de ese escenario general, el expediente vinculado a CARSA contiene una precisión técnica que introduce un matiz relevante. En el acta preliminar incorporada al proceso consta expresamente que “el Ministerio Público no ha sostenido que pudiera existir doble cobro de dinero; es otra la teoría del caso”.
Acta preliminar: la fiscala Belinda Bobadilla aclara que el caso CARSA no incluye doble cobro
La afirmación delimita el objeto procesal en esa causa específica. Es decir, la hipótesis de doble cobro no forma parte de la imputación fiscal en ese expediente, lo que obliga a diferenciar jurídicamente esa investigación del conjunto más amplio del esquema denunciado.
Desde el punto de vista judicial, la individualización de conductas resulta determinante en procesos de gran escala. La causa principal del esquema de pagarés incluye decenas de acusados y múltiples actuaciones bajo análisis. Sin embargo, no todas las aristas comparten la misma construcción penal.
Una causa con múltiples frentes
La investigación abarca actuaciones en distintos juzgados de paz, patrones repetidos de notificaciones defectuosas y resoluciones que derivaron en embargos salariales. En paralelo, continúan los planteamientos de nulidad procesal impulsados por la Defensa Pública y las discusiones legislativas sobre la creación de un registro nacional de créditos para evitar la repetición del mecanismo.
En ese contexto, la advertencia judicial es clara: mezclar expedientes, actores y teorías del caso puede distorsionar el análisis penal. En investigaciones complejas, la precisión no es un detalle menor. Determinar qué se imputa en cada causa, bajo qué figura jurídica y con qué prueba, será lo que finalmente defina responsabilidades en juicio oral.
La causa sigue abierta y el debate probatorio será el que establezca el alcance real de cada expediente dentro de la trama conocida como “mafia de los pagarés”.
Mafia de los pagarés en datos
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3.000 víctimas inscriptas en el registro legislativo.
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2.000 casos documentados dentro del registro oficial.
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92% de las víctimas no recibió notificación judicial de los procesos en su contra.
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77% continúa con embargos mensuales al momento del relevamiento.
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79% son funcionarios públicos, principalmente del sector educativo y de salud.
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68% de las personas afectadas son mujeres.
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En la causa penal principal existen 61 acusados, según la acusación fiscal ya presentada públicamente.
