La Cámara de Diputados aprobó un pedido de informe al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, para conocer en detalle los fundamentos de la suspensión de la licencia ambiental de Preforte Paraguay S.A., empresa que había proyectado una inversión industrial de USD 7,5 millones en Luque. El documento exige que el MADES remita toda la base técnica, jurídica y administrativa que dio origen a la medida, así como las actuaciones posteriores realizadas dentro del expediente.
La iniciativa fue presentada por el diputado Pedro Gómez (PLRA Central) y luego dictaminada por la Comisión de Peticiones, Poderes, Reglamento y Redacción, que recomendó su aprobación. El pedido se formaliza a través de una resolución que obliga al MADES a responder de forma completa y dentro del plazo legal. El caso llega al Legislativo después de que la empresa denunciara que la decisión del MADES se basó en un documento presuntamente adulterado, alterando una frase clave del informe cartográfico que sustentaba el expediente ambiental.
Pedro Gómez, diputado liberal, impulsó el pedido de informe por el caso Preforte.
Qué exige exactamente Diputados al MADES
La resolución aprobada solicita al MADES que informe sobre criterios técnicos, jurídicos y ambientales utilizados para suspender la licencia, y ordena remitir copia de la resolución administrativa, los dictámenes, evaluaciones y expedientes que respaldaron la medida. También pide un detalle del estado actual del procedimiento, incluyendo plazos, medidas preventivas aplicadas y acciones pendientes, así como la identificación de impactos ambientales, monitoreos realizados y no conformidades detectadas respecto a la normativa vigente. Finalmente, el MADES debe informar si la empresa presentó descargos, planes de adecuación o solicitudes de revisión y adjuntar copias de todos esos documentos. Todo esto forma parte de la obligación establecida por la Ley 5453 y su modificatoria Ley 7199, que regulan el pedido de informes del artículo 192 de la Constitución.
Señalamientos de Preforte y dudas sobre el proceso
Según Preforte, la suspensión se sustentó en una modificación sustancial dentro del expediente, donde el dictamen cartográfico habría pasado de afirmar que no existía afectación de bosque de protección a señalar que sí existía. Este cambio habría alterado por completo la base técnica de evaluación. La firma recordó además que otras hormigoneras operan en el mismo sector de Luque, zona clasificada como Zona Mixta Media por el municipio, lo que genera dudas sobre la uniformidad de los criterios aplicados. La empresa sostiene que el MADES no respondió a sus descargos ni integró las pruebas presentadas, situación que describe como un estado de indefensión administrativa, con una inversión extranjera paralizada y más de 700 empleos comprometidos.
Inversión frenada y preocupación sobre seguridad jurídica
El conflicto ya trasciende lo ambiental y se instala como un debate sobre seguridad jurídica para inversiones. Preforte argumenta que Paraguay promueve la llegada de capital extranjero, pero que la falta de claridad en los procedimientos administrativos genera incertidumbre. La suspensión de la licencia dejó la obra detenida y obligó a la firma a recurrir a vías legales para intentar restablecer su operación. Con el pedido de informes, Diputados busca determinar si la medida del MADES se ajustó a estándares técnicos o si existieron fallas que comprometan el marco regulatorio aplicado por el Estado.
Plazo y próximos pasos
La resolución fija un plazo de 15 días hábiles para que el MADES entregue toda la información solicitada, incluyendo documentos originales, antecedentes y actuaciones posteriores dentro del expediente. La remisión debe realizarse con el formato establecido por la legislación vigente y permitirá al Congreso evaluar si la suspensión se dictó con fundamento suficiente o si es necesario revisar el procedimiento. El caso se convierte así en un nuevo punto de tensión entre política ambiental, inversiones privadas y la necesidad de fortalecer la transparencia en los organismos del Estado.
