El operativo realizado por la SENAD la tarde del 18 de noviembre no estuvo acompañado de mayores detalles sobre la hora exacta de la intervención, pero sí dejó una imagen evidente: tres plantas jóvenes arrancadas del patio de una vivienda abandonada en Encarnación. Agentes antinarcóticos ingresaron al terreno baldío y retiraron los ejemplares aún en fase vegetativa, sin floración y, por tanto, sin valor comercial ni relevancia penal. No hubo detenidos, no se incautó cannabis procesado y no apareció ningún indicio de tráfico. Aun así, el hallazgo fue presentado como operativo, integrándose al listado de acciones diarias de la institución como si se tratara de un procedimiento de impacto real en la lucha contra las drogas.
Una intervención sin sustento técnico
El procedimiento nunca incluyó análisis de laboratorio. No se verificó si las plantas contenían THC, si eran variedades ricas en CBD o si no tenían ningún componente psicoactivo. En fase vegetativa, la ley es clara: no existe forma de definir potencia ni relevancia penal. Aun así, la acción se reportó como incautación, pese a que la Ley 1340 (art. 30) define límites para uso personal y la Ley 6007 obliga al Estado a garantizar acceso medicinal. Sin evidencia, sin composición y sin indicios de comercio, lo único que queda del operativo es una fotografía institucional que pretende justificar un procedimiento que jurídicamente no existe.
Agente de la SENAD contemplando una planta de Marihuana
La lógica de mostrar acción donde no hay delito
El caso se suma a una tendencia reciente: intervenciones mínimas convertidas en demostraciones públicas de eficiencia. En los últimos meses, procedimientos por cantidades irrelevantes —gramos sueltos, plantas aisladas, patios improvisados— pasaron a ocupar un lugar en la comunicación oficial. La dinámica es simple: mientras el crimen organizado opera con logística, territorios y capacidad financiera, la agenda diaria se llena de microincautaciones que alimentan estadísticas pero no modifican el mapa del narcotráfico. Estas intervenciones permiten fotos rápidas, facilitan informes, justifican presupuesto y sostienen una narrativa de control que poco tiene que ver con la realidad.
Agentes fiscales, policiales y un fotógrafo movilizados para registrar una las plantas del baldío
El contraste con las promesas institucionales
El episodio también expone una contradicción interna. Antes de asumir el cargo, el hoy ministro Jalil Rachid había cuestionado públicamente la persecución de cultivadores pequeños y de casos sin relevancia penal. Su postura apuntaba a la necesidad de concentrar recursos en estructuras criminales reales, no en plantas aisladas. Sin embargo, bajo su administración, la SENAD vuelve a presentar como operativo lo que no supera el umbral de la insignificancia. La pregunta es inevitable: ¿para qué se moviliza personal, vehículos y recursos públicos en una acción que no configura delito? ¿Qué política se está sosteniendo cuando el Estado llega a un patio abandonado antes que a los centros efectivos de producción?
El Ministro de la SENAD, Jalil Rachid
Un cierre necesario: política pública o puesta en escena
La persecución de plantas mínimas no altera el mercado ilegal, no reduce violencia y no mejora salud pública. Lo único que produce es una imagen: la de una institución activa, aunque la acción carezca de sustento técnico. Paraguay, uno de los mayores productores de cannabis de la región, sigue sin discutir una regulación que podría transformar un fenómeno existente en oportunidad económica, medicinal e industrial. Mientras tanto, se siguen arrancando plantas jóvenes en patios vacíos para llenar reportes. Lo que falta no son operativos: es política pública con evidencia, prioridades y sentido.
