Mucho antes de los mítines, las internas coloradas y los tribunales, Hugo Javier González Alegre recorría escenarios como animador. Su trayectoria comenzó hacia finales de los años 80 y atravesó los 90 entre fiestas y festivales, en pleno auge de la cachaca. Con el tiempo, aquella presencia pasó también a la radio y la televisión, donde “el Número 2” se convirtió en un personaje popular. En 2018, cuando ya había ganado la Gobernación, él mismo hablaba de 30 años de carrera como animador.
Ese reconocimiento acumulado durante décadas terminaría teniendo valor electoral. En 2017, después de que Rubén Rodríguez desistiera de competir por la Gobernación de Central, Hugo Javier se incorporó a Honor Colorado y Santiago Peña lo presentó como precandidato. Ganó las internas y el 22 de abril de 2018 derrotó al liberal Líder Amarilla: el animador de fiestas se convirtió en el primer colorado electo gobernador de Central desde la instauración de los gobiernos departamentales.
De la fiesta al poder
La victoria era especialmente significativa para la ANR. Central había permanecido en manos liberales desde la creación de las gobernaciones departamentales y Hugo Javier consiguió quebrar esa hegemonía. Su popularidad, construida originalmente lejos de las seccionales, había sido transformada en capital político. En agosto de 2018 asumió la Gobernación acompañado por Horacio Cartes y Santiago Peña, referentes del movimiento que había impulsado su candidatura.
Pero el paso de los escenarios a la administración pública comenzó a mostrar problemas. Sobre el ejercicio 2019, la Contraloría General de la República realizó una auditoría de cumplimiento a la Gobernación y dejó observaciones sobre la gestión. Durante la pandemia, los cuestionamientos crecieron y el destino de recursos públicos pasó del debate político a los organismos de control y posteriormente a investigaciones del Ministerio Público.
Una de esas causas se concentró en dinero destinado a obras civiles y viales. Según lo que posteriormente quedó probado judicialmente, mediante operaciones vinculadas con la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y rendiciones respaldadas con documentación falsa se ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 5.105.600.000. La investigación detectó también obras no ejecutadas y documentación utilizada para justificar el destino de los fondos.
Santiago Peña y Hugo Javier durante su presentación como candidato a gobernador. Foto: Gentileza.
La crisis llegó al Congreso. En 2021 se promovió la intervención de la Gobernación, pero la Cámara de Diputados rechazó el pedido por 42 votos contra 31. Hugo Javier pudo continuar en el cargo. Tres años después de haber entregado al Partido Colorado una victoria inédita en Central, todavía conservaba suficiente protección política para superar uno de los principales mecanismos institucionales que podían apartarlo.
Esa protección comenzó a desaparecer a medida que avanzaron las causas. En abril de 2022, la Justicia dispuso su arresto domiciliario y en mayo la Junta Departamental decidió separarlo del cargo y confirmó a Gustavo Machuca para completar la administración, aunque el procedimiento generó posteriormente cuestionamientos jurídicos. El hombre que había sido presentado como una de las grandes conquistas electorales del cartismo comenzaba a quedarse sin el acompañamiento que había marcado su llegada al poder.
Del poder a prisión
En noviembre de 2022, fiscales anticorrupción presentaron acusación por el caso de los G. 5.105 millones. No era el único expediente. En 2023, el Ministerio Público presentó otra acusación contra Hugo Javier y otras 32 personas por transferencias de la Gobernación a entidades privadas sin fines de lucro. En esa segunda investigación, la Fiscalía atribuyó desembolsos indebidos por G. 24.424 millones destinados a 51 proyectos.
La primera causa llegó a juicio oral y el 4 de enero de 2025, mediante la Sentencia Definitiva N.º 12, Hugo Javier fue condenado a 10 años de prisión por lesión de confianza en casos especialmente graves y producción de documentos no auténticos en modalidad de uso. El tribunal tuvo por probado el perjuicio de G. 5.105 millones. La sentencia fue posteriormente confirmada en segunda instancia y, en 2026, quedó firme.
Hugo Javier ya había pasado seis meses en prisión después de aquella condena y recuperado su libertad mientras continuaban los recursos. Pero una vez firme la sentencia debía volver. El 4 de agosto de 2026 se presentó ante la Policía y fue trasladado a la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, en Asunción, para cumplir los años restantes de su pena.
En noviembre de 2022, fiscales anticorrupción presentaron acusación por el caso de los G. 5.105 millones. Foto: Gentileza.
Poco más de un mes después, su historia volvió a tomar un giro inesperado. La noche del 6 de septiembre, personal penitenciario acudió a su celda después de que se reportara un grave episodio en el sanitario. Hugo Javier terminó hospitalizado con lesiones de consideración y el Ministerio Público abrió una investigación para determinar exactamente qué había ocurrido.
La versión preliminar de la Fiscalía apunta a una caída en el sanitario. Los investigadores mencionaron un desnivel, poca iluminación y ausencia de heridas defensivas, además de testimonios, fotografías y videos. Pero el propio Ministerio Público aclaró que no descarta otras hipótesis y que cualquier conclusión dependerá de la valoración integral de las evidencias.
Por eso todavía no puede afirmarse si todo comenzó con una caída, una agresión o algún evento médico. Lo que sí puede reconstruirse es el camino que llevó a Hugo Javier hasta aquella celda: cerca de tres décadas después de comenzar como animador de fiestas y convertirse en una figura de la cachaca, su popularidad fue transformada en capital electoral; llegó a protagonizar una victoria histórica para el Partido Colorado, conservó protección cuando aparecieron los primeros cuestionamientos y terminó perdiéndola mientras las investigaciones avanzaban.
La historia del “Número 2” terminó así recorriendo escenarios que difícilmente podían imaginarse cuando animaba fiestas y festivales. De la cachaca pasó a la televisión; de allí, a la política y a la Gobernación de Central; luego llegaron las investigaciones, los tribunales y una condena a 10 años. Hoy permanece bajo atención médica mientras la Fiscalía intenta esclarecer qué ocurrió en la prisión donde cumplía aquella sentencia.
