El próximo 4 de octubre, los electores de Central no solo elegirán nuevas autoridades municipales. En 11 de sus 19 distritos, tendrán frente a las urnas a quienes ya administraron esas mismas ciudades y ahora pretenden continuar por otros cinco años. Son siete candidatos de la ANR y cuatro del PLRA, una presencia que convierte al rekutu en uno de los rasgos centrales de la disputa municipal en el departamento. Para volver a presentarse, todos debieron renunciar a sus intendencias antes de las elecciones, como establece la legislación electoral.
La lista está integrada por Laura Gamarra (ANR), de Capiatá; Óscar Cabrera (ANR), de Guarambaré; Jorge Luis Dimartino (PLRA), de Itá; Horacio Fernández (ANR), de Itauguá; Diego Alonso (PLRA), de J. Augusto Saldívar; Guido González (ANR), de Lambaré; Alcides Gamarra (ANR), de Nueva Italia; Tomás Olmedo (ANR), de Ñemby; Santiago Aguilera (PLRA), de San Antonio; Felipe Salomón (ANR), de San Lorenzo; y Sergio Estigarribia (PLRA), de Villa Elisa. Pero no todos llegan a octubre con el mismo expediente político: entre quienes quieren regresar al poder municipal hay imputaciones, denuncias ante la Fiscalía, pedidos de auditoría y administraciones observadas por organismos de control.
Causas y denuncias
El caso judicial más avanzado es el de Tomás Olmedo (ANR), de Ñemby. El Ministerio Público presentó acusación contra Olmedo por presunta estafa y lesión de confianza y solicitó elevar su causa a juicio oral y público. La decisión permanece pendiente de audiencia preliminar. La investigación apunta a un perjuicio de G. 738 millones por pagos relacionados con empedrados que ya habían sido construidos anteriormente.
En Itá, Jorge Luis Dimartino (PLRA) llega a las elecciones con una denuncia mucho más reciente. El 2 de septiembre, apenas un mes antes de los comicios, concejales y el intendente que lo sucedió presentaron una denuncia ante la Unidad de Delitos Económicos por una presunta sobrefacturación en 12 obras. Una auditoría externa habría detectado contrataciones realizadas por vía de excepción que, según los denunciantes, no cumplieron las obligaciones establecidas por Contrataciones Públicas. Dimartino había renunciado precisamente para buscar la reelección.
Diego Alonso (PLRA), de J. Augusto Saldívar, también arrastra denuncias vinculadas a la utilización del dinero municipal. Concejales opositores denunciaron supuestas obras fantasmas y existen causas abiertas desde 2022. Una de ellas, identificada como 5107/24, investiga una presunta lesión de confianza por G. 642 millones relacionada con el manejo de cheques destinados a empresas adjudicadas. Entre los cuestionamientos aparecen además una reparación de caminos por alrededor de G. 2.500 millones, un pozo artesiano por G. 73 millones que, según los denunciantes, ya existía desde 2015, y trabajos en una escuela que habrían sido facturados pero ejecutados solo parcialmente. Alonso rechazó las acusaciones y sostuvo que las obras fueron realizadas.
En San Lorenzo, Felipe Salomón (ANR) fue denunciado penalmente el 13 de marzo ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. La presentación apunta a un presunto esquema de pagos irregulares de honorarios a abogados que ya cumplían funciones dentro de la Municipalidad. El denunciante atribuye a Salomón una posible lesión de confianza y también solicitó a la Contraloría una auditoría de los ejercicios 2023, 2024 y 2025. Parámetro informó en mayo que, más de dos meses después de presentada la denuncia, la causa todavía no tenía fiscal asignado. La Municipalidad, por su parte, rechazó las acusaciones y aseguró que las afirmaciones sobre los pagos eran falsas.
Municipalidad de San Lorenzo. Foto: Gentileza.
Gestiones bajo la lupa
Otros candidatos no tienen una imputación conocida como la de Olmedo, pero sus administraciones quedaron bajo cuestionamientos de organismos de control o denuncias formales. En San Antonio, concejales denunciaron ante la Contraloría la gestión de Santiago Aguilera (PLRA) por dos contrataciones que totalizaban G. 1.069 millones y que calificaron como presuntas “obras fantasmas”. Los cuestionamientos alcanzaron trabajos de mantenimiento y reparación de calles y construcción de gaviones.
En Nueva Italia, la gestión de Alcides Gamarra (ANR) enfrentó un pedido de auditoría impulsado desde la propia Junta Municipal. Los cuestionamientos se concentraron, entre otros puntos, en la construcción del palacete municipal. Según información publicada sobre actuaciones de la DNCP, se cuestionó la falta de ejecución de una póliza y se señaló un supuesto perjuicio patrimonial superior a G. 1.000 millones. El conflicto llegó a generar discusiones sobre una eventual intervención de la administración municipal.
En Itauguá, la Junta Municipal rechazó ya en 2023 el balance presentado por Horacio Fernández (ANR) después de que la Comisión de Hacienda detectara irregularidades. Los concejales resolvieron entonces solicitar a la Contraloría General de la República una fiscalización de los movimientos financieros de la Municipalidad.
Municipalidad de Itaguá. Foto: Gentileza.
También aparece bajo cuestionamiento la administración de Guido González (ANR), en Lambaré. La DNCP detectó inconsistencias en una contratación para recapado asfáltico y posteriormente remitió antecedentes al área de Sumarios. En junio, una concejala también presentó denuncias ante la Contraloría y Contrataciones Públicas solicitando auditorías sobre otras presuntas irregularidades. En febrero González había sido incluido además en una denuncia relacionada con supuestos hechos sexuales atribuidos principalmente a un concejal; sin embargo, la denunciante se retractó públicamente dos días después y afirmó que sus acusaciones no se ajustaban a la verdad, por lo que ese episodio no puede presentarse como una acusación vigente sin consignar esa retractación.
Villa Elisa presenta otro escenario particular. Sergio Estigarribia (PLRA) llegó a la Intendencia en 2023 para completar el periodo dejado por su hermano Ricardo Estigarribia, quien pasó a la Gobernación de Central, y ahora busca un mandato completo. Una investigación de la DNCP, difundida en agosto, constató que varios números de identificación de contrataciones directas incluidos en rendiciones de las administraciones de los hermanos Estigarribia no aparecían en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Los antecedentes fueron vinculados a gastos de la Municipalidad que quedaron bajo cuestionamiento.
El rekutu, por tanto, domina buena parte del mapa electoral de Central. Casi seis de cada diez municipios del departamento tienen a su intendente saliente intentando regresar al mismo despacho, aunque detrás de esa cifra conviven situaciones muy diferentes: desde candidatos sin causas penales relevantes conocidas hasta administraciones denunciadas y un exintendente formalmente acusado. El 4 de octubre, la continuidad municipal también pondrá bajo examen lo realizado durante los últimos años.
