En la Gobernación de Alto Paraguay se entregaron vales de combustible a concejales departamentales sin documentos que permitieran demostrar que ese combustible terminaba en vehículos oficiales o en movilidades destinadas a sus funciones. Y no fue el único problema. La Contraloría encontró además pagos con respaldos incompletos, transferencias con rendiciones pendientes y obras ejecutadas fuera de plazo.
El informe técnico, elaborado en julio de 2026, revisó gastos de 2023 y 2024 a partir de denuncias presentadas por concejales departamentales. Una de ellas advertía sobre presuntas irregularidades en transferencias, combustibles y almuerzo escolar; posteriormente se solicitó una auditoría a la administración de Federico Arturo Méndez. A partir de estas denuncias, la CGR requirió documentos a la Gobernación y avanzó con el análisis.
Combustible sin trazabilidad
El problema con el combustible aparece en los dos años revisados. En 2023, la Gobernación debía utilizar tarjetas magnéticas para las cargas, pero distribuyó combustible mediante vales. Para la CGR, ese mecanismo impedía garantizar la trazabilidad y controlar adecuadamente el destino de los recursos.
Obra en Bahía Negra observada por la CGR tras acumular 243 días de atraso sin aplicación de multas
La práctica continuó en 2024. Aunque la institución ya contaba con un reglamento para administrar el combustible, los auditores comprobaron que seguían utilizándose vales y que algunos habían sido entregados a concejales sin respaldo documental que acreditara el uso de vehículos oficiales. La Contraloría calificó esta situación como una “debilidad crítica” del control interno.
También aparecieron pagos con documentación incompleta. En 2023, la CGR verificó G. 621,9 millones en pagos de combustible sin todos los documentos exigidos para la rendición. En 2024, el monto llegó a G. 1.533 millones.
Transferencias con controles incompletos
La revisión también llegó a los aportes y subsidios. En 2023, la Gobernación transfirió más de G. 1.200 millones a entidades sin fines de lucro sin realizar, según la CGR, el debido control sobre las rendiciones de los beneficiarios.
En 2024, una muestra de G. 219,5 millones en aportes a instituciones sin fines de lucro tenía documentos faltantes que debían ser verificados antes de entregar el dinero. Otros G. 88,1 millones destinados a subsidios y asistencia a personas y familias tampoco contaban con la totalidad de los respaldos exigidos.
Una obra con 243 días de atraso
Uno de los hallazgos más fuertes está en Bahía Negra. La Gobernación contrató por G. 3.842 millones a Consultoría y Servicios SRL para construir pavimento de hormigón armado. La obra tenía un plazo de 140 días y debía terminar el 1 de abril de 2025.
Los trabajos continuaron después de esa fecha. La Contraloría verificó un atraso injustificado de 243 días, sin una ampliación formal que explicara la demora. El contrato establecía además una multa diaria del 0,05%, pero la administración no la aplicó. La CGR recomendó calcular y hacer efectiva la sanción.
Más observaciones en obras y contratos
El informe reúne 11 observaciones. Entre ellas aparece también un contrato de G. 1.200 millones con Grau Constructora para reparar la sede central y la residencia ejecutiva de la Gobernación. En los legajos revisados faltaban el acta de inicio y el acta de recepción definitiva de la obra.
En ese mismo proceso apareció otra irregularidad: la póliza publicada como garantía en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas correspondía en realidad a otra obra. La CGR atribuyó la carga incorrecta al administrador del contrato.
En conjunto, las observaciones alcanzan operaciones y contratos por más de G. 7.000 millones. El informe no establece que ese monto constituya dinero desviado ni un perjuicio patrimonial.
La CGR aclara que se trata de un informe técnico, elaborado sobre una muestra y con documentación entregada parcialmente. Ante las irregularidades detectadas, recomendó profundizar las investigaciones y auditorías sobre los rubros analizados.
