La denuncia fue presentada el 13 de marzo de 2026 ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público. En ella aparecen mencionados el intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón, el director jurídico municipal Héctor Urbano Parodi y el director jurídico adjunto José David Macedo Giménez, por presuntos hechos de lesión de confianza, cobro indebido de honorarios y posible enriquecimiento ilícito. El eje del caso gira en torno al uso del Objeto de Gasto 915, correspondiente a gastos judiciales y honorarios profesionales, donde se habrían registrado pagos millonarios vinculados a abogados de la propia Municipalidad.
Según la presentación realizada por el concejal y contralor municipal Federico Isaac Rojas, el análisis de la ejecución presupuestaria permitió detectar una erogación superior a ₲ 1.000 millones dentro del OG 915 durante noviembre de 2025. Posteriormente, una auditoría interna remitida a la Junta Municipal habría confirmado pagos vinculados a honorarios profesionales relacionados con un litigio por terrenos vendidos al SENACSA. La denuncia sostiene que los propios asesores jurídicos de la Intendencia habrían regulado judicialmente honorarios a favor de sí mismos mientras ya percibían salarios dentro de la estructura municipal.
Concejal Isaac Rojas
La demora fiscal
Pese a la gravedad de los hechos denunciados y al volumen de dinero mencionado en la presentación, el caso continúa sin fiscal asignado. Rojas afirmó públicamente que actualmente tiene dos denuncias presentadas ante Delitos Económicos y que ambas siguen pendientes de designación. En declaraciones a Parámetro, sostuvo que tiene conocimiento de “gestiones y presiones políticas” realizadas por el entorno del senador Óscar “Cachito” Salomón en espacios vinculados al sistema de justicia.
El denunciante además vinculó esta situación con la falta de avances en otras causas sensibles relacionadas a la administración municipal de San Lorenzo, incluyendo el caso del niño Tobías, fallecido tras caer en una obra de drenaje inconclusa. Según cuestionó, el patrón que observa es una reiterada ausencia de respuestas institucionales mientras continúan acumulándose denuncias y pedidos de informes.
La sospecha planteada por Rojas aparece en medio de la conocida cercanía política y personal entre el senador Óscar Salomón y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, relación que en los últimos años fue expuesta públicamente en distintos actos y espacios políticos. Hasta el momento no existe evidencia pública que confirme una intervención directa del fiscal general en la causa, pero la ausencia de designación fiscal alimenta cuestionamientos dentro del ámbito político local.
Senador Oscar Cachito Salomón y el Fiscal General Emiliano Rolón
El esquema denunciado
La denuncia sostiene que dentro de los documentos remitidos a la Junta Municipal figuraba un dictamen de auditoría donde se detallaba el uso de fondos de inversión para el pago de honorarios profesionales vinculados a la venta de un inmueble al SENACSA por más de ₲ 900 millones. Según Rojas, la factura original incluso habría superado los ₲ 1.000 millones, incluyendo retenciones absorbidas con fondos genuinos del municipio.
El escrito presentado ante Fiscalía menciona específicamente pagos por ₲ 1.054.100.000 realizados en noviembre de 2025 y otros ₲ 562.789.807 en diciembre del mismo año, totalizando ₲ 1.616.889.807 dentro del mismo objeto de gasto.
Otro de los puntos señalados por el denunciante es que no se habría encontrado un recurso de apelación presentado en defensa de la Municipalidad, quedando firme el instrumento de cobro a favor del director jurídico y del director jurídico adjunto. A criterio de Rojas, esto habría generado un perjuicio patrimonial para la comuna y motivó la presentación penal.
“La Intendencia nunca respondió”
Rojas sostiene además que antes de acudir al Ministerio Público expuso reiteradamente el caso dentro de la Junta Municipal y realizó pedidos formales de informes a la Intendencia. Sin embargo, asegura que las respuestas nunca llegaron de manera completa y que incluso existen acciones judiciales impulsadas por la Municipalidad para frenar la entrega de documentación pública.
Tras hacerse pública la denuncia, la administración municipal emitió comunicados negando montos que, según el denunciante, jamás fueron mencionados en la presentación original. También cuestionó que hasta ahora no se haya explicado cuánto dinero fue efectivamente abonado, por qué no se apeló la resolución judicial y por qué se utilizaron fondos de inversión para esos pagos.
Mientras tanto, la causa continúa sin fiscal asignado dentro de Delitos Económicos, en un contexto donde las sospechas sobre presiones políticas comienzan a instalarse alrededor de uno de los entornos políticos más influyentes del oficialismo colorado en Central.
