La Justicia Federal de Río de Janeiro condenó a 37 años de prisión al brasileño Lindomar Reges Furtado, acusado de liderar una estructura internacional de tráfico de cocaína que operaba entre Sudamérica, Europa y África. El fallo fue dictado el 15 de mayo de 2026 en el marco de la Operación Turf, desarrollada por la Policía Federal de Brasil.
Según la investigación, la organización habría movilizado más de 6,6 toneladas de cocaína entre diciembre de 2020 y febrero de 2022, mediante al menos 14 envíos internacionales. El esquema utilizaba contenedores legales en puertos brasileños, que eran intervenidos para reemplazar parte de la carga por droga antes de ser enviados hacia Europa y África.
Lindomar Reges Furtado
Las autoridades brasileñas sostienen que la cocaína era adquirida en Bolivia y Colombia, utilizando a Paraguay como uno de los puntos estratégicos dentro de la red regional de distribución. Reges Furtado residió durante varios años en el país, llegó a utilizar una identidad legal paraguaya y vivía en el Paraná Country Club de Hernandarias, Alto Paraná.
En 2022 logró escapar minutos antes de un operativo conjunto entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Policía Federal de Brasil, episodio que generó repercusiones por una posible filtración del procedimiento. Tras permanecer prófugo durante casi tres años, fue finalmente capturado por la Policía Federal brasileña en enero de 2025, en un lujoso condominio de Río de Janeiro.
El caso Giuzzio
La condena contra Reges Furtado vuelve a poner el foco sobre el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, actualmente procesado por presunto cohecho pasivo agravado.
La causa fiscal sostiene que Giuzzio habría recibido beneficios del narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido en Brasil y señalado como hombre de confianza y socio de Lindomar Reges Furtado dentro de la estructura criminal investigada en la Operación Turf.
Uno de los episodios centrales del caso fue el uso de una camioneta vinculada a Marcus Vinicius por parte de Giuzzio durante unas vacaciones familiares en Brasil. El entonces ministro reconoció públicamente haber utilizado el vehículo tras sufrir un desperfecto mecánico con su automóvil particular.
Marcus Vinicius y Arnaldo Giuzzio
La camioneta era una Kia registrada a nombre de la empresa Ombú S.A., vinculada a Marcus Vinicius. Giuzzio admitió además que mantenía contacto con el empresario brasileño porque este buscaba ofrecer vehículos blindados, chalecos antibalas y equipamientos tácticos al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional.
La Fiscalía paraguaya sostiene que esos vínculos excedían una relación meramente comercial. Por ese motivo, Giuzzio terminó siendo acusado por presuntamente recibir beneficios de un hombre investigado por narcotráfico mientras ejercía funciones como ministro del Interior durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Dentro de la investigación también aparecen elementos vinculados directamente a Lindomar Reges Furtado. El Ministerio Público solicitó incorporar al juicio oral información extraída de teléfonos celulares incautados al narcotraficante brasileño, con el objetivo de detectar posibles contactos, mensajes o conexiones que puedan ser valoradas dentro del proceso judicial contra el exministro.
La causa se convirtió en uno de los casos más sensibles de los últimos años por mezclar investigaciones sobre narcotráfico internacional, estructuras criminales regionales y presuntos vínculos con altas autoridades del Estado paraguayo.
