La mañana del 13 de febrero de 2026, Tobías Ariel Suárez salió de su casa en el barrio Tayazuapé de San Lorenzo en medio de una tormenta. Tenía 12 años, vendía empanadas para ayudar a su familia y caminó hacia una despensa cercana sin imaginar que ese trayecto terminaría convirtiéndose en una tragedia nacional. El niño fue absorbido por un ducto de desagüe pluvial en construcción sobre la calle Primero de Mayo, una obra municipal que debía haber sido entregada meses antes, pero que seguía abierta, inconclusa y expuesta a riesgos evidentes. Su cuerpo apareció seis días después, a cinco kilómetros del punto de desaparición.
Casi 90 días después, el caso volvió a trasladarse fuera de los expedientes y hacia la calle. Esta vez no por una búsqueda masiva ni por las lluvias, sino por la decisión de un padre. Reinaldo Suárez, acompañado por familiares, amigos y representantes legales, se encadenó frente a la sede del Laboratorio Forense del Ministerio Público para exigir avances concretos en la causa y la entrega de pericias consideradas claves para determinar responsabilidades. La medida no surgió desde el espectáculo ni desde la resignación. Surgió desde una convicción: que la muerte de Tobías no quede diluida entre trámites, plazos vencidos y silencios institucionales.
Tobías Suárez (+) fallecido el 13 de febrero pasado en una obra inconclusa en San Lorenzo
Una espera sin respuestas
La familia sostiene que el laboratorio forense todavía mantiene retenidos informes técnicos bajo responsabilidad de la doctora Alejandra Torres, pese a que el plazo habitual para este tipo de estudios ronda entre 20 y 30 días. Según relatan, el fiscal Ever García había señalado inicialmente que los resultados estarían disponibles aproximadamente un mes después del procedimiento.
Sin embargo, los documentos continúan sin ser entregados. Para la defensa de la familia, esto impide avanzar hacia eventuales imputaciones y retrasa la identificación formal de responsabilidades dentro del caso. El reclamo central no apunta únicamente a acelerar un trámite técnico. También busca evitar que el expediente termine atrapado en la lentitud burocrática mientras las condiciones que rodearon la tragedia siguen prácticamente intactas.
Durante la protesta, Reinaldo Suárez sostuvo que su principal objetivo es que los responsables “asuman su responsabilidad y su culpabilidad” por la muerte de su hijo. También cuestionó directamente que las obras públicas permanezcan inconclusas pese a los riesgos que representan para la ciudadanía. “Son unos asesinos. Dejan obras interminadas. Hoy me tocó a mí, le tocó a mi hijo”, expresó durante la movilización.
El padre de Tobías también criticó la actuación del Ministerio Público y afirmó que, sin presión ciudadana, la investigación no avanzaría con la velocidad necesaria. “Si no nos movilizamos nosotros mismos como personas civiles, no van a hacer su trabajo como deberían”, manifestó. Según señaló, en todo este tiempo la familia no recibió información directa sobre avances concretos dentro de la causa.
Fiscal Alejandra Torres, Directora de Laboratorio Forense del Ministerio Público
La obra inconclusa
El contrato de la obra fue firmado por el intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón, como máxima autoridad municipal responsable de la adjudicación del proyecto de drenaje pluvial y mejoramiento vial ejecutado sobre la calle Primero de Mayo.
La obra fue adjudicada a Constructora Pereira Thalmann S.R.L., representada por el dirigente colorado Enrique Pereira Thalmann, por un monto inicial de ₲ 8.321.333.294 (USD 1,2 millones). El contrato fue firmado el 30 de abril de 2025 con fecha de entrega prevista para noviembre de ese mismo año.
Posteriormente, el proyecto recibió una adenda que amplió el presupuesto en 20% adicional, equivalente a unos USD 234.000, y extendió el plazo hasta el 18 de diciembre de 2025. Pese a ello, Tobías murió casi dos meses después de la fecha límite prevista, en un tramo que seguía representando un peligro para vecinos y peatones.
El fiscalizador de obras señalado dentro del proceso fue el ingeniero Francisco Benítez. Hasta ahora, el caso mantiene abiertos cuestionamientos sobre el nivel de control ejercido por la Municipalidad, las condiciones reales de seguridad en la zona y el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales por parte de la empresa adjudicada.
Reinaldo César Suárez, padre de Tobías (+), protestando en la sede del Ministerio Público
Antecedentes bajo cuestionamiento
La empresa adjudicada ya había sido mencionada años atrás en observaciones de la Contraloría General de la República relacionadas con obras abandonadas en Luque y un daño patrimonial estimado en ₲ 103.720.765.
Ese antecedente vuelve a cobrar relevancia tras la muerte de Tobías, principalmente por los cuestionamientos sobre cómo empresas con observaciones previas continúan accediendo a contratos de infraestructura pública sin que existan señales visibles de mayores controles o restricciones.
La obra donde ocurrió la tragedia había sido adjudicada para resolver problemas de drenaje y mejorar la circulación en la zona. Sin embargo, terminó convertida en el centro de una investigación penal y de un reclamo ciudadano que hoy excede a una sola familia.
Mientras tanto, los padres de Tobías sostienen que el pedido sigue siendo el mismo desde el primer día: conocer toda la verdad sobre lo ocurrido y que las responsabilidades no se diluyan entre trámites administrativos o demoras institucionales.
