Una nueva denuncia penal presentada ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público coloca bajo foco al intendente de San Lorenzo, Felipe Salomón, en un caso que ya no gira sobre obras o infraestructura, sino sobre presunto manejo irregular de recursos públicos dentro de su propia administración. La presentación fue realizada el 13 de marzo de 2026 por Federico Isaac Rojas, contralor del Municipio de San Lorenzo y concejal municipal, quien solicita investigar posibles hechos punibles vinculados a pagos millonarios, cobro indebido de honorarios y eventual lesión de confianza.
La denuncia también alcanza a Héctor Urbano Parodi Molina, director jurídico de la Municipalidad, y a José David Macedo Giménez, director jurídico adjunto. Según el escrito presentado ante Fiscalía, ambos habrían percibido honorarios profesionales en procesos judiciales vinculados a la propia Municipalidad pese a formar parte del plantel estable de funcionarios remunerados de la comuna, lo que, según el denunciante, podría constituir un esquema jurídicamente reprochable si se confirma que esos pagos resultaron incompatibles con sus funciones salariales.
Los montos señalados en la denuncia
Entre los puntos más sensibles del documento figura la referencia a pagos realizados bajo el Objeto de Gasto 915 (Honorarios regulados judicialmente por terrenos tendidos a SENACSA). Según la presentación, en el marco de actuaciones judiciales vinculadas a la Municipalidad de San Lorenzo se habrían canalizado pagos por ₲ 972.727.272, cifra que, según el denunciante, no representaría el monto total observado.
El escrito agrega además que, conforme a documentaciones adjuntadas, en noviembre de 2023 se habría obligado al municipio al pago de honorarios por un total de ₲ 1.054.100.000, mientras que en diciembre de 2025 también se habría registrado otro pago millonario por ₲ 569.789.807 dentro del mismo objeto presupuestario.
Concejal Federico Isaac Rojas
El eje de la acusación
La denuncia sostiene que el punto central no sería únicamente el cobro de honorarios por parte de funcionarios jurídicos municipales, sino también el rol de la administración encabezada por Felipe Salomón en la autorización, programación y ejecución de esos pagos. En esa línea, el documento menciona además a Karina Valdovinos, administradora municipal, como parte del circuito de ordenación de gastos.
El denunciante afirma que, como máximas autoridades administrativas, “sabían o debían saber” sobre las operaciones denunciadas, planteando la posibilidad de que exista responsabilidad en la protección del patrimonio municipal.
Lesión de confianza y cobro indebido
El escrito invoca posibles hechos punibles como cobro indebido de honorarios, enriquecimiento ilícito y lesión de confianza, argumentando que funcionarios públicos con remuneración estatal no deberían beneficiarse irregularmente de pagos adicionales incompatibles con su rol, si así se comprobara en investigación.
Además, el documento sostiene que la situación podría configurar perjuicio patrimonial para la Municipalidad de San Lorenzo, al tratarse de recursos públicos cuya legalidad, pertinencia y mecanismo de ejecución deberían ser esclarecidos por el Ministerio Público.
Felipe Salomón, intendente de San Lorenzo
Presentación formal ante Delitos Económicos
La denuncia fue ingresada formalmente ante la oficina especializada del Ministerio Público, solicitando diligencias, determinación de responsabilidades y eventual formulación de imputación contra los responsables si se confirman los hechos expuestos.
Por ahora, la presentación constituye una denuncia penal y no una condena judicial. Será la Fiscalía la que deberá determinar si existen o no elementos suficientes para avanzar en una investigación penal más profunda.
Otro frente para la administración Salomón
El caso instala un nuevo foco de presión sobre la administración de Felipe Salomón, esta vez desde el frente financiero y jurídico. Mientras San Lorenzo ya enfrenta cuestionamientos por gestión, obras y control institucional, esta nueva denuncia introduce una dimensión aún más sensible: el uso de fondos públicos y la eventual legalidad de pagos dentro de la propia estructura municipal.
El expediente abre así una nueva pregunta para la administración sanlorenzana: si los recursos municipales fueron ejecutados conforme a derecho o si, como sostiene la denuncia, existió un esquema que amerita intervención penal.
