Desde el vendedor callejero hasta el dueño de la despensa saben dónde ocurrió el episodio. Todos indican el camino. Al acercarse, la pendiente de la calle anticipa el riesgo, pero no prepara para el impacto real. Solo al llegar se entiende la dimensión de lo ocurrido. Uno no sabe bien cómo definirlo: zanja, arroyo o calle. Los vecinos insisten en lo último, aunque unos metros más adelante aparecen un pozo profundo y enormes tubos cuadrados de concreto, sin barrera alguna, una trampa abierta en medio del barrio. Es imposible no imaginar con qué velocidad y brutalidad habrá sido arrastrado aquel cuerpecito infantil.
La obra inconclusa recuerda más a una postal de abandono que a una intervención pública planificada. No resolvió el peligro, lo agravó. Camino unos metros más, hago fotos, busco conversación. En el patio de una casa una señora detecta de inmediato mis intenciones y responde cortante: “a mí no me molesta”. Pregunto desde cuándo están así. Hay un silencio incómodo, como esperando a que me retire. Pero otro miembro de la familia rompe esa inercia: “desde que tengo memoria siempre fue precario esto”. Reitero la consulta. Entonces llega la precisión más reveladora: la obra comenzó el año pasado, debía terminar en marzo, pero no pudieron concluirla por las lluvias.
Ahí empieza a romperse el relato de accidente aislado. Porque cuando una estructura históricamente precaria se combina con una obra pública inconclusa, con medidas de seguridad ausentes y con plazos incumplidos, el hecho deja de pertenecer exclusivamente al terreno de la tragedia y empieza a ingresar al de la responsabilidad.
En la casa de la familia el contraste también golpea. Humildad, múltiples hijos, agotamiento. Mientras hablo con la madre se acercan otros tres menores. Entonces recuerdo el comentario de un periodista tras la tragedia: “qué hacía el niño afuera con esa lluvia”. La pregunta parece razonable si uno no pisa territorio real. Porque formulada desde cierta distancia, más que buscar comprensión desplaza el eje hacia la familia. Como si el problema principal fuera una supuesta falla doméstica y no una calle convertida en trampa mortal y un sistema que permite su permanencia.
El abordaje institucional post suceso también es revelador. Según la familia, el Ministerio de la Niñez se acercó una vez y jamás volvió. Desde la Municipalidad, el vacío fue aún más brutal. El padre sostiene que mientras todavía buscaban el cuerpo de su hijo, el intendente Felipe Salomón declaró ante la prensa que acompañó a la familia, algo que nunca ocurrió. “Es mentira, nunca apareció”, afirma. En su lugar, el intendente se dedicó a lanzar una frase escueta y polémica: “todos somos culpables”.
La desacertada frase pretendió diluir su responsabilidad. Cuando todos son culpables, el riesgo es que nadie lo sea en términos reales. La culpa compartida puede convertirse en una herramienta narrativa eficaz para intentar desactivar responsabilidades concretas, pero al final no todos firman contratos, no todos administran obras, no todos aprueban adendas, no todos frenan intervenciones.
Reinaldo Suárez, padre de Tobías, vende en el centro de San Lorenzo. Cuenta que trajo a su hijo desde Argentina por un problema de salud, buscando mejores condiciones para él. Este año Tobías había comenzado a asistir a la escuela Luis Caminos junto a sus cinco hermanitos. Su madre estaba embarazada cuando ocurrió la tragedia. Días después, el bebé también falleció. Según relata la familia, en los estudios médicos no se detectó previamente ningún desprendimiento.
El desagüe pluvial fue adjudicado a Constructora Pereira Thalmann S.R.L., propiedad del político colorado Enrique Pereira Thalmann, por USD 1,2 millones. El contrato se firmó el 30 de abril de 2025, con inicio previsto para mayo y conclusión para noviembre. Pero el 28 de julio llegó una adenda: aumento del 20% (USD 234.000) y extensión de plazo. La nueva fecha de entrega pasó al 18 de diciembre de 2025. Tobías murió el 13 de febrero de 2026. La obra seguía inconclusa. Los padres y el fiscal Ever García aún esperan un peritaje técnico clave de la perito Alejandra Torres, retrasado dos meses después del hecho, sin explicación clara.
A partir de ahí, el ruido se concentra en el ámbito político. La misma constructora ya arrastraba antecedentes por obras abandonadas detectadas por la Contraloría General de la República en Luque en 2009, con daño patrimonial estimado en G. 103.720.765. Días después de la tragedia en San Lorenzo, la Junta Municipal aprobó solicitar intervención de la Contraloría. Sin embargo, apenas una semana más tarde, el intendente remitió una nota para revertir esa medida, y varios concejales acompañaron el retroceso. La intervención quedó descartada.
Antes de irme, decido resolver una última duda con unos adultos mayores. ¿Es una zanja, un arroyo o una calle? “Calle es”, responde uno. Otro, incómodo, remata con una frase brutal: “calle es, cuando llueve nomás hay raudal”. Ya en casa reflexiono sobre ese impulso condenatorio de algunos vecinos hacia la familia de Tobías.
Pienso en Howard Becker, quien planteaba que la sociedad necesita definir culpables visibles para mantener un orden simbólico. La familia de Tobías es identificable, cercana, vulnerable. La constructora o el municipio son abstractos, lejanos, difíciles de confrontar. Entonces la comunidad transforma una falla estructural en una “falla moral individual”.
Por otro lado, Ulrich Beck explica que en sociedades atravesadas por riesgos producidos por el propio sistema —infraestructura, urbanización, abandono institucional— las personas desarrollan mecanismos de negación, porque aceptar el riesgo implica reconocer que cualquiera podría ser la próxima víctima. Entonces se individualiza el problema para no enfrentar el sistema.
Para la familia de Tobías no basta con perder a dos hijos en el mismo mes, enfrentar abandono institucional, soportar la demora del peritaje técnico y observar cómo se frena incluso una intervención de la Contraloría. También deben lidiar con una condena paralela: la del juzgado comunitario que convierte carencia en culpa, mientras las estructuras políticas, administrativas y empresariales que hicieron posible el riesgo intentan ocultarse.
Por eso, para sus padres, la presión ciudadana y mediática no es un accesorio: es una de las pocas herramientas reales para impedir que el caso se hunda entre burocracia, demora y olvido. Porque cuando el retroceso institucional aparece demasiado rápido y las respuestas técnicas demasiado lentas, la insistencia pública es vital para ejercer presión.
Porque al final, en demasiados lugares del Paraguay, no hay raudal solo cuando llueve. El verdadero raudal aparece cuando años de precariedad, indiferencia, conveniencias políticas y demoras funcionales al poder, finalmente encuentran a quién arrastrar.
