LA TRAMPA DEL DENUNCIANTE IMPOTENTE

La oposición convirtió al denunciante en su arquetipo central. No por convicción, sino por renuncia: una forma de seguir participando sin disputar el poder.

Por Prabhat Pacua

En la oposición paraguaya se repite un fenómeno que dejó de ser circunstancial y pasó a ser estructural: el denunciante se convirtió en la figura política dominante. No es un perfil más dentro del ecosistema, es el modelo hegemónico. En cada elección brotan precandidatos con el mismo libreto. Y eso no ocurre por casualidad ni por una supuesta superioridad moral, responde a una necesidad concreta de una parte importante de la ciudadanía que sigue participando en política sin creer realmente que se pueda ganar.

Tras la caída de la dictadura, la política tenía un sentido bastante claro para quienes no se identificaban con el Partido Colorado: en algún momento era posible construir una alternativa real de poder. No era una consigna vacía ni una ilusión ingenua, era el horizonte que justificaba la participación. La política era el espacio donde se podía organizar, acumular y eventualmente disputar el gobierno. Esa expectativa no desaparece de golpe, pero se desgasta con el tiempo, elección tras elección, fracaso tras fracaso, hasta que finalmente se rompe.

El quiebre no es solamente institucional, es profundamente psicológico. El 2012 marca ese punto de inflexión, una parte importante de la ciudadanía deja de experimentar la política como un terreno donde se puede ganar. No lo dice necesariamente en voz alta, pero empieza a actuar en consecuencia. Y cuando eso ocurre, la naturaleza misma de la participación cambia: la política deja de ser un espacio de disputa efectiva y pasa a ser un espacio de denuncia, catarsis e impotencia permanente.

Ese cambio obliga a un ajuste. Para poder seguir participando sin abordar seriamente la frustración de no poder alterar la correlación de fuerzas, el votante opositor reduce lo que espera de sus representantes. No porque crea que eso es lo ideal, sino porque deja de considerar viable lo otro. Ya no busca a alguien que pueda construir una mayoría, organizar territorio o proyectar gobierno; busca a alguien que pueda representar su indignación, que exponga lo que considera injusto y que señale lo que el poder intenta ocultar.

Ese es el momento en el que el denunciante deja de ser una herramienta y se convierte en el producto con mayor demanda. Los partidos pequeños de la oposición, especialmente en Asunción, entendieron rápidamente esta transformación y ajustaron su oferta en consecuencia. Sus candidatos ya no se presentan como constructores de poder, sino como vigilantes permanentes, figuras que ocuparán el espacio público para denunciar.

Se configura así un contrato implícito entre estos candidatos y su electorado. El votante ya no exige ganar ni disputar el poder en términos reales; en los hechos, asume que eso no va a ocurrir. Pero a cambio establece dos condiciones claras: que sus representantes denuncien permanentemente las irregularidades del oficialismo y que no se vean envueltos en grandes casos de corrupción. Ese acuerdo permite sostener una identidad sin asumir el costo de construir poder. Se vota, se delega y se continúa la vida con la sensación de haber cumplido, en algo.

El problema es que ese contrato no es neutro. El denunciante impotente no es solo el resultado de la inoperancia opositora, es uno de los mecanismos que la reproduce. Desde el momento en que su propuesta se limita a la denuncia, renuncia también a la construcción de poder. No organiza, no articula, no disputa territorio ni proyecta una expansión. Su horizonte está definido desde el inicio y, por lo tanto, también lo está su límite.

En ese contexto, los partidos dejan de funcionar como herramientas para disputar el poder y pasan a operar como ong´s electorales. Sin vocación de crecimiento, sin trabajo territorial sostenido, sin formación de cuadros, su objetivo deja de ser ganar y pasa a ser el sostenimiento dentro del sistema. En la práctica, funcionan como organizaciones que administran recursos electorales financiados por el propio Estado, con dirigencias que se estabilizan en sus posiciones y estructuras que privilegian la continuidad.

Cuando los candidatos acceden a cargos, el esquema se completa. Con visibilidad, recursos y estabilidad, el rol se vuelve sostenible en el tiempo y, como nunca existió una vocación real de construir algo más amplio, tampoco aparece la urgencia de hacerlo una vez dentro. La energía se concentra en sostener la performance mediática, en mantenerse vigentes y en seguir cumpliendo con la expectativa mínima del electorado. En ese punto, la política deja de ser un proceso de acumulación y se convierte en un ejercicio de exposición permanente.

El problema más profundo aparece cuando ese ciclo se agota. Porque el denunciante no es solo un rol que se activa en campaña o durante el ejercicio del cargo, es una identidad que se consolida con el tiempo. Y cuando ese dirigente deja su posición institucional, no tiene hacia dónde desplazarse. No construyó estructura, no organizó base, no desarrolló capacidad de articulación ni de expansión. Su capital es la denuncia, y fuera del cargo ese capital no desaparece, pero tampoco se transforma en poder. Entonces continúa haciendo lo único que sabe hacer, pero ahora desde un empobrecido curul en la red social X.

Ahí es donde la trampa se vuelve evidente. Porque el denunciante impotente no solo limita a quien encarna ese rol, también condiciona a todo el sistema que se organiza a su alrededor. La ciudadanía que lo elige encuentra en él una forma de sostener su participación sin confrontar el fracaso acumulado, pero al mismo tiempo refuerza el tipo de dirigencia que no puede alterar la correlación de fuerzas. Se genera así un circuito cerrado donde la impotencia produce catarsis permanente, la catarsis reemplaza a la construcción y la ausencia de construcción garantiza la continuidad de la impotencia original.

En ese esquema, la oposición deja de pensarse como una alternativa de poder y pasa a funcionar como un espacio de expresión de descontento. No disputa el control del Estado, no organiza mayorías, no proyecta gobierno. Se limita a ocupar un lugar dentro del sistema y a renovarlo cada ciclo electoral bajo las mismas condiciones. Y mientras ese acuerdo implícito entre candidatos y votantes siga vigente, el resultado va a ser siempre el mismo: figuras que incomodan, que exponen, que señalan, que en algunos momentos parecen disruptivos, pero que no logran, ni buscan realmente, desplazar a quienes gobiernan.

Por eso el denunciante se vuelve, al mismo tiempo, imprescindible y funcional. Imprescindible para sostener una identidad política cómoda en un contexto de derrota prolongada, y funcional al status quo. Mientras esa lógica no se rompa, la oposición paraguaya va a seguir produciendo candidatos y referentes que cumplen con lo que se les pide, pero no con lo que la ciudadanía y el país necesita.