Durante 2025 se registraron 57 procesos de contratación pública para la compra de medicamentos e insumos médicos en Paraguay. De ese total, 32 llamados fueron protestados ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), un mecanismo previsto por la normativa que permite a los oferentes cuestionar aspectos técnicos o administrativos. El análisis de estos procesos muestra un patrón que se repite: la participación reiterada de un mismo grupo empresarial en distintas licitaciones del sistema sanitario.
Concentración en un mismo grupo
De las 32 licitaciones protestadas, 27 fueron impugnadas por empresas vinculadas a un mismo entorno empresarial, lo que equivale aproximadamente al 85% de las protestas registradas en 2025. Se trata de firmas como Prosalud Farma, Euroquímica y Bioteng, con presencia constante en llamados del Ministerio de Salud Pública, el IPS, el INCAN, el Hospital de Clínicas y la Sanidad Policial.
Rubén Rubín está casado con Camila Rienzi, vinculada a la familia Rienzi del sector farmacéutico
En contraste, el resto de los proveedores del sector salud participó en protestas en una proporción menor. El dato expone el peso que tiene un mismo grupo empresarial dentro de la dinámica de impugnaciones en el mercado farmacéutico estatal, donde el uso reiterado de este mecanismo deja de ser aislado y pasa a configurar un patrón en los procesos de compra pública.
Las compañías mencionadas mantienen vínculos dentro de un mismo núcleo familiar, lo que ayuda a explicar su presencia sostenida en distintos procesos. Este entramado aparece de forma recurrente en las objeciones registradas durante el año.
Impacto en el sistema y contexto político
Cada protesta implica la suspensión del proceso licitatorio hasta que la DNCP emita una resolución, lo que puede generar demoras en la adjudicación de contratos. En un sistema que depende de la provisión oportuna de medicamentos —incluidos tratamientos oncológicos, biológicos, crónicos y programas como diabetes— estos tiempos tienen incidencia en la planificación y disponibilidad.
En paralelo, el diputado Rubén Rubín cuestionó la gestión del IPS tras una reunión con sus autoridades y anunció que evalúa una posible interpelación. En sus declaraciones, también planteó la necesidad de revisar gastos y mejorar la eficiencia del sistema, como parte del debate sobre el uso de los recursos en salud.
Al mismo tiempo, los registros de contrataciones públicas muestran que las protestas en licitaciones de medicamentos se concentran en empresas vinculadas a su entorno familiar. Rubín está casado con Camila Rienzi Zuccolillo, hija del empresario Juan Domingo Rienzi Grassi, asociado a firmas del sector farmacéutico. Dentro de ese mismo entorno aparece también Bioteng, representada por Ernesto Figueredo, con vínculos dentro de la misma familia.
De esta manera, el análisis ubica en un mismo escenario dos planos que se cruzan: el político y el empresarial, en un contexto donde la discusión sobre el funcionamiento del sistema de salud convive con dinámicas propias del mercado de compras públicas.
Esto abre interrogantes sobre cómo se utilizan los mecanismos administrativos dentro de las licitaciones y qué impacto tienen en un sector donde los tiempos y la provisión resultan especialmente sensibles.
