A las 04:30 de la madrugada, cuando la mayoría dormía, un ómnibus cargado de estudiantes que regresaban de Camboriú volcó en el kilómetro 146 de la Ruta PY02, en la zona de Santa María Ñu, Coronel Oviedo. Dos personas murieron atrapadas entre los restos del vehículo y unas 25 resultaron heridas. El hecho fue presentado como un accidente más. Pero no lo es. O, al menos, no del todo.
La escena del vuelco coincide con una advertencia que lleva años documentada, denunciada y desoída: el diseño del talud lateral de la PY02, ejecutada bajo el régimen de Alianza Público-Privada, está fuera de norma y convierte cualquier salida de carril en una sentencia de vuelco. La tragedia no sorprendió a los técnicos. Lo que sorprende es que haya tardado tanto.
Un diseño fuera de norma
El ingeniero Hermann Pankow fue categórico: el talud lateral de la duplicada PY02 es “asesino”. Según explicó, la normativa internacional AASHTO recomienda una pendiente mínima de 1 metro vertical por 4 metros horizontales, justamente para permitir que un vehículo que sale de la calzada pueda recuperar estabilidad o detenerse.
Una de las primeras imagenes del siniestro vial evidencia la peligrosidad de la pendiente con el desenlace fatal
En la PY02 ocurre lo contrario. Los planos a los que accedió el ingeniero muestran pendientes de 1 metro vertical por apenas 1,5 metros horizontales, e incluso 1:2 en algunos tramos, una inclinación que elimina cualquier posibilidad de control. “Con esa pendiente, los autos vuelcan sí o sí”, advirtió.
El problema se agrava porque el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) permitió este diseño sin exigir barandas de protección, a pesar de tratarse de un talud catalogado como “no recuperable”, es decir, una ladera transitable de la que la mayoría de los vehículos no puede regresar a la calzada.
La APP que concentró beneficios
La Ruta PY02 es el primer gran proyecto ejecutado bajo la Ley Nº 5.102/13 de Alianza Público-Privada, adjudicado durante el gobierno de Horacio Cartes al consorcio Rutas del Este, integrado inicialmente por Sacyr (España), Mota Engil (Portugal) y Ocho A (Paraguay), firma vinculada al senador Luis Pettengill. Fue, además, el único oferente en la licitación.
Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el contrato original fue modificado mediante cuatro adendas, que, según denunciaron los ingenieros Ricardo Canese y Hermann Pankow, otorgaron beneficios económicos y contractuales significativos al consorcio. Entre ellos, la cesión de acciones de Mota Engil a Ocho A, que pasó a controlar el 40% del proyecto, una operación permitida por el MOPC pese a que la ley APP y el contrato original establecen que estas cesiones solo pueden realizarse tras la finalización de las obras, hecho que aún no ocurrió.
Por estas irregularidades, ambos ingenieros presentaron una denuncia formal ante la Contraloría General de la República, solicitando una auditoría integral del contrato, sus adendas y su ejecución técnica.
Cuando la advertencia llega antes que la tragedia
Lo ocurrido en Coronel Oviedo no es un hecho aislado ni imprevisible. Es la consecuencia directa de una decisión técnica avalada políticamente, sostenida contractualmente y nunca corregida. Pankow lo resumió sin rodeos: o se instalan barandas de protección, o se reduce drásticamente la velocidad, o la ruta deberá asumir un conteo creciente de vuelcos y muertes.
La Fiscalía investiga ahora las causas inmediatas del accidente. Pero el trasfondo ya está documentado: una obra presentada como modelo de eficiencia privada, ejecutada con privilegios contractuales, flexibilidad normativa y riesgos trasladados a los usuarios.
La pregunta que queda abierta no es si el talud influyó en el vuelco. Es cuántas advertencias más deberán ignorarse antes de que el diseño de la PY02 deje de ser una amenaza permanente para quienes la transitan.
