El manejo del programa Hambre Cero en Paraguarí volvió a quedar bajo cuestionamiento político. El diputado Héctor Figueredo (ANR–HC), representante del departamento de Paraguarí, anunció que en la próxima sesión de la Cámara de Diputados presentará denuncias sobre presuntas presiones políticas dentro del programa y propondrá que su administración deje de estar en manos de la Gobernación de Paraguarí, encabezada por Norma Zárate (ANR–HC), para pasar al Ministerio de Desarrollo Social (MDS).
El legislador realizó estas declaraciones en el programa “La Unión Hace la Fuerza” de Radio Unión AM, donde señaló que existen numerosos testimonios de trabajadores que habrían sido desplazados del programa por no acompañar la línea política promovida desde la estructura departamental.
Según afirmó, en el departamento más de 300 personas habrían sido cesadas del programa por no alinearse políticamente.
Gobernadora Norma Zárate ya firmó contratos por G. 241.170 millones en el programa Hambre Cero
Audio que salpica a Báez
El anuncio de Figueredo se produce en medio de una polémica que involucra al concejal municipal de Carapeguá y precandidato a intendente Andrés Rodrigo Báez, integrante del equipo político de la gobernadora Norma Zárate.
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Días atrás se difundió un audio en el que Báez conversa con una mujer vinculada al programa Hambre Cero, a quien le plantea la posibilidad de acceder a un cargo dentro del esquema de alimentación escolar.
El episodio generó cuestionamientos debido a que el programa moviliza miles de millones de guaraníes en contratos públicos, lo que convierte a los cargos vinculados al plan en un espacio de fuerte disputa política.
Báez, precandidato a intendente del equipo político de la gobernadora Zárate, a quien se escucha ofrecer un cargo según denuncia.
Para Figueredo, el caso expone una práctica más extendida dentro del programa.
“Más de 300 personas en Paraguarí quedaron cesadas por no compartir con los candidatos que promueve la ordenadora. Solo en Carapeguá conozco unos 50 casos”, sostuvo.
El legislador agregó que en algunos casos el condicionamiento habría sido directo.
“Les dicen: ‘¿vas a apoyarme o salí del programa?’. Algunas personas cayeron en ese chantaje por necesidad, porque dependen de ese ingreso”, afirmó.
Según relató, varias de las afectadas serían cocineras encargadas de preparar alimentos en escuelas, muchas de ellas madres solteras o jefas de hogar.
El antecedente de Concepción
El debate sobre el manejo del programa Hambre Cero ya llegó al Congreso esta semana.
La Cámara de Senadores aprobó retirar a algunas gobernaciones el control del programa, trasladando la administración de los recursos al Ministerio de Desarrollo Social.
La medida incluyó a la Gobernación de Concepción, encabezada por Liz Meza (ANR–HC), que había sido cuestionada tras la ostentosa fiesta de quince años organizada para su hija, teniendo en cuenta que meses antes había firmado contratos del programa Hambre Cero por cerca de G. 300.000 millones.
El caso abrió un debate sobre la conveniencia de que gobernaciones administren directamente recursos tan grandes vinculados a la alimentación escolar.
En ese contexto, Figueredo adelantó que buscará que el mismo debate se abra respecto a Paraguarí.
“Hay varios colegas que están evaluando que el programa pase al Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros defendemos la descentralización, pero tiene que ser una descentralización justa y equitativa, donde no se cometan abusos”, señaló.
Un programa que mueve miles de millones
El programa Hambre Cero en las Escuelas cubre actualmente a más de 1.050.000 estudiantes en todo el país y alcanza a 7.050 instituciones educativas en los 263 distritos, con provisión de desayuno, almuerzo o merienda según el turno escolar. En su primer año de funcionamiento se distribuyeron más de 254 millones de platos de comida, generando además alrededor de 60.000 empleos directos entre cocineras, personal de logística y proveedores vinculados al sistema de alimentación escolar.
En Paraguarí, la administración de Norma Zárate firmó contratos vinculados al programa por aproximadamente G. 241.170 millones (unos USD 33 millones) con vigencia hasta 2027, lo que convierte a Hambre Cero en uno de los mayores paquetes de recursos bajo administración de la gobernación en el departamento.
