El sindicalista Esequiel Cáceres denunció públicamente al concejal municipal y precandidato a intendente de Paraguarí, Andrés Rodrigo Báez, por el presunto ofrecimiento de cargos dentro del programa Hambre Cero a cambio de respaldo político. La acusación se sustenta en un audio en el que se mencionaría la posibilidad de acceder a un puesto dentro del esquema de alimentación escolar.
El caso adquiere dimensión institucional porque Báez forma parte del equipo político de la gobernadora Norma Zárate (ANR-HC) y el programa es administrado por la Gobernación. Meses atrás, Zárate firmó contratos que comprometen aproximadamente USD 33 millones hasta 2027, lo que vuelve especialmente sensible cualquier denuncia vinculada al uso del programa.
Gobernadora Norma Zárate, Andrés Rodrigo Báez y el exsenador Juan Darío Monges en una actividad política.
Qué se denunció y qué respondió Báez
Según el denunciante, el audio difundido corresponde a una conversación entre Andrés Rodrigo Báez y Graciela Ramírez, en la que se haría referencia a la posibilidad de acceder a un puesto dentro de Hambre Cero, mencionando salario mensual y cobertura en el Instituto de Previsión Social (IPS).
Báez es concejal municipal de Paraguarí y anteriormente también se desempeñaba como funcionario en el Ministerio de la Defensa Pública, según su declaración jurada. En su última actualización patrimonial declaró un patrimonio neto de G. 13.900.000 e ingresos mensuales de G. 6.300.000, entre dieta y otras actividades declaradas.
Consultado por este medio, respondió que no estaba interesado en “aclarar malas intenciones y calumnias”, sin ofrecer mayores explicaciones sobre el contenido del audio.
La acusación no se limita a un comentario informal. Se trata de un programa que maneja cientos de miles de millones de guaraníes y que hoy concentra una parte sustancial del presupuesto departamental.
Rodrigo Báez es precandidato a intendente de Paraguarí por el equipo de la gobernadora, ANR–HC.
Los contratos firmados por la Gobernación
La gobernadora Norma Zárate (HC) firmó los procesos identificados con los ID 458600 y 450700, ambos vinculados al programa Hambre Cero en Paraguarí. En conjunto, los contratos comprometen aproximadamente G. 241.170.219.430, equivalentes a cerca de USD 33 millones, con vigencia hasta 2027.
Se trata de uno de los paquetes de recursos más importantes bajo administración de la Gobernación. La magnitud del dinero público involucrado convierte cualquier denuncia sobre ofrecimiento de cargos en un asunto que excede lo partidario y amerita verificación rigurosa.
Hambre Cero en Paraguarí cubre 403 instituciones educativas y beneficia a más de 32.000 alumnos. La contratación de cocineras, personal logístico y operadores territoriales implica decenas de puestos distribuidos en todo el departamento.
Gobernadora Norma Zárate firmó contratos por G. 241.170 millones en el programa Hambre Cero
Un antecedente que encendió alertas
El debate no es aislado. En Concepción, la gobernadora Liz Meza firmó contratos por casi G. 300.000 millones en el marco del mismo programa y posteriormente quedó envuelta en cuestionamientos públicos por la ostentación vinculada a la fiesta de 15 años de su hija, celebrada mientras administraba ese volumen de recursos.
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Además, representantes del sector de alimentación escolar admitieron públicamente la existencia de presiones políticas en la contratación de personal, especialmente en contextos electorales.
Cuando un programa concentra más de G. 241.000 millones bajo administración política y surge una denuncia concreta de ofrecimiento de cargos, el asunto no puede minimizarse. Se trata de recursos destinados a alimentación escolar.
La magnitud del presupuesto exige investigación, transparencia y control estricto. De lo contrario, un programa diseñado para garantizar comida en las escuelas corre el riesgo de convertirse en una herramienta de construcción electoral.
