La caravana fue interceptada tras recorrer más de 120 kilómetros entre Brítez Cue y Saltos del Guairá. En su interior, tres camiones, varias camionetas y dos automóviles transportaban 88.991 kilos de marihuana. El ministro de la SENAD, Jalil Rachid, informó que el cargamento estaba valuado en USD 13,3 millones, un cálculo que permite dimensionar la magnitud económica de esta producción.”. Presentado como un resultado operativo relevante, el decomiso también revela la escala de una actividad agrícola que opera desde hace décadas y que, bajo la Ley 6007, podría situarse dentro de un marco regulatorio aún no implementado. La cifra oficial permite estimar una recaudación potencial de USD 2 millones, un monto que el Estado no percibe bajo el esquema actual.
Dimensión económica del decomiso
El valor oficial de USD 13,3 millones equivale a un precio aproximado de USD 149 por kilo, cifra que surge de dividir el monto global entre los 88.991 kilos incautados. Bajo esa relación, la recaudación potencial estimada asciende a casi USD 2 millones, tomando como referencia una tasa selectiva cercana al 15 %, similar a la que rige para productos como tabaco o alcohol. Estas proyecciones permiten observar la dimensión fiscal que tendría un circuito regulado, en caso de que funcionara plenamente bajo supervisión del Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Salud, instituciones previstas en la Ley 6007 para autorizar, controlar y fiscalizar la producción medicinal.
La propia implementación de la ley presenta limitaciones. Empresas habilitadas formalmente, como Pharma Industries, no consiguen exportar debido a requisitos y controles de Dinavisa y la Senad, pese a contar con permisos vigentes. El amparo presentado por la firma fue rechazado por no haber agotado aún todas las instancias administrativas, lo que evidencia un marco operativo que, aunque existe normativamente, no se encuentra desplegado en su totalidad.
Agentes proceden a descargar parte de la incautación record interceptada en Guairá
Pérdidas acumuladas y producción rural persistente
La incautación récord se suma a los 57.000 kilos destruidos el año anterior, equivalentes a USD 9,7 millones adicionales. Entre ambos operativos, se eliminaron más de USD 23 millones en producto, según los valores oficiales divulgados. Si se aplicara el mismo criterio tributario, la recaudación potencial acumulada superaría USD 3,4 millones.
En paralelo, las cifras estatales indican que entre agosto de 2023 y noviembre de 2024 se destruyeron 10.725.662 kilos y 3.248 hectáreas, con un valor calculado en USD 321.769.860. Se suman además otros operativos, como la eliminación de cannabis valuado en USD 18 millones, siempre sobre la base de estimaciones oficiales. Estos datos muestran un escenario en el que la producción continúa reproduciéndose, pese a los decomisos, debido a la ausencia de mecanismos formales que reemplacen la actividad en zonas rurales donde la marihuana forma parte de la economía desde hace más de cincuenta años.
La Ley 6007 contempla el registro de cultivos medicinales, cooperativas y sistemas de trazabilidad, pero estos instrumentos aún no se encuentran habilitados en la práctica. En consecuencia, la producción persiste en la informalidad mientras los operativos eliminan periódicamente grandes volúmenes sin modificar la estructura económica que sostiene el cultivo.
El Ministro de la SENAD, Jalil Rachid
Cambios regionales y escenario local
Mientras Paraguay mantiene una política centrada en la destrucción de cultivos, Brasil avanza en ajustes normativos. La Corte Suprema brasileña estableció el límite de 40 gramos para diferenciar consumo personal de criminalidad, decisión que impulsó la discusión sobre regulación y abastecimiento legal. Actualmente, organismos públicos del país vecino ya distribuyen aceite de cannabis a pacientes, lo que incrementa la demanda formal y requiere proveedores con trazabilidad y control sanitario.
Paraguay posee condiciones climáticas y productivas que podrían ser competitivas dentro de un esquema regulado. Sin embargo, la falta de implementación plena de la Ley 6007 y los obstáculos administrativos limitan cualquier posibilidad de inserción en ese mercado. Mientras tanto, los operativos continúan eliminando cargas millonarias que, bajo otros marcos, podrían representar ingresos fiscales, cadenas industriales o alternativas rurales.
La información oficial disponible, más de USD 23 millones destruidos recientemente y USD 321 millones en el periodo ampliado, permite dimensionar el alcance económico de la política vigente sin interpretarla a favor o en contra. Las cifras muestran el tamaño de una actividad persistente y el impacto financiero del modelo actual, sin proponer escenarios alternativos ni valorar estratégicamente sus implicancias.
