En el Estado paraguayo, los fantasmas pueden tener contratos, facturas y certificados de obra. Aparecen en empedrados que se habrían cobrado como nuevos aunque ya existían, aulas que figuraban terminadas y quirófanos que no llegaron a funcionar. El recorrido pasa por Ñemby, Valenzuela, San Estanislao, Central, el IPS, Ciudad del Este y Paraguarí. Halloween pone la fecha; los expedientes aportan los sustos.
Entre los protagonistas están Tomás Olmedo, Mirtha Fernández, José Safuán, Hugo Javier González y los expresidentes del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez. Los siete casos reúnen condenas, acusaciones y hallazgos de Contraloría sobre obras simuladas, incompletas o certificadas por encima de lo ejecutado. En algunos, lo cuestionado es la diferencia entre lo pagado o certificado y lo realmente construido.
Ñemby y los empedrados con segunda vida
La acusación contra Tomás Olmedo sostiene que se autorizaron pagos a Mbarete Import Export por empedrados que ya existían. El contrato se firmó en 2023 y los trabajos cuestionados se habrían realizado en 2022. El presunto perjuicio asciende a G. 738.421.255. En octubre de 2026 se informó la apertura de juicio contra el exjefe comunal, quien todavía no tiene condena en esta causa.
Valenzuela y los caminos que no aparecen
Mirtha Fernández enfrenta una acusación por aproximadamente G. 300 millones. Fiscalía cuestiona un enripiado en Cerro Corá Cañada y un empedrado en Juan Cancio Flecha, financiados con Fonacide, que presuntamente no se ejecutaron.
San Estanislao y las aulas de papel
El exintendente Medhe José Safuán Jara fue condenado a tres años de prisión, según lo informado en enero de 2026. La causa abarcó pagos por empedrados y entubamientos no ejecutados, además de aulas inexistentes o inconclusas, durante 2014 y 2015. El perjuicio global informado fue de G. 1.285 millones. Inspecciones, actas notariales y testimonios contrastaron las obras dadas por terminadas con lo encontrado en el lugar.
Central y el disfraz de las facturas
Hugo Javier González y su exjefe de Gabinete Miguel Ángel Robles fueron condenados a diez años por el desvío de G. 5.105 millones de fondos de emergencia. La condena quedó firme en julio de 2026. El esquema utilizó documentación falsa, rendiciones irregulares y simulación de obras civiles y viales para justificar recursos de la pandemia.
IPS y los quirófanos que siguen esperando
Vicente Bataglia y Jorge Brítez integran el grupo de nueve imputados por el proyecto contratado con Neighpart. Fiscalía estima un presunto perjuicio de G. 61.000 millones y sostiene que adendas y recepciones permitieron seguir pagando pese a obstáculos para ejecutar el contrato. La cifra comprende el proyecto y no equivale íntegramente a obra física inexistente.
Ciudad del Este y la cuenta que no cierra
En obras del Hospital Regional, Fiscalía calcula G. 757.166.276 de diferencia entre pagos del Consejo Local de Salud y trabajos ejecutados por SERVMAQ y M&M. La causa involucra a Miguel Prieto y otros acusados. El cuestionamiento apunta al monto pagado que no se correspondería con el valor de lo construido.
Paraguarí y los certificados con imaginación
Contraloría constató cantidades certificadas distintas de las ejecutadas en obras de administraciones de Lilian Burgos y Marcelo Simbrón. En este caso, la observación recae sobre diferencias entre los trabajos certificados y los verificados en el terreno. Un informe de febrero de 2026 calificó como no cumplido el plan de mejoras presentado por la Municipalidad.
