Las elecciones municipales de 2026 también definirán quién administrará algunas de las mayores estructuras presupuestarias locales del país. Asunción, Ciudad del Este, San Lorenzo, Pedro Juan Caballero, Fernando de la Mora, Luque y Encarnación reúnen presupuestos que, llevados a dólares, rondan en conjunto los US$ 529 millones.
Pero el tamaño de esas cajas cuenta solamente una parte de la historia. Un presupuesto municipal no es dinero disponible para que un intendente decida libremente qué hacer con él. Allí conviven salarios, funcionamiento de la institución, servicios municipales, obras, transferencias, obligaciones y recursos que ya tienen destinos establecidos. La disputa electoral entrega capacidad de administración y decisión, pero dentro de esos límites.
La diferencia entre las siete ciudades también es enorme. Asunción concentra alrededor de seis de cada diez dólares del total considerado, mientras las otras seis municipalidades se reparten el resto. La fotografía permite dimensionar por qué no todas las intendencias tienen el mismo peso económico, aunque todas administren recursos capaces de incidir directamente sobre sus ciudades.
Asunción concentra la mayor caja
La capital aparece ampliamente por encima del resto, con un presupuesto equivalente a unos US$ 335,1 millones. Es más de cinco veces el monto de Ciudad del Este, segunda dentro del grupo, con US$ 65,5 millones.
La distancia importa porque detrás del presupuesto existe una estructura de decisiones públicas. La Municipalidad debe financiar su funcionamiento, pero también administra recursos destinados a calles, espacios públicos, tránsito, limpieza, infraestructura y otros servicios de alcance municipal.
Además, buena parte de la capacidad financiera de Asunción depende de lo que consigue recaudar dentro de la propia ciudad. Su presupuesto contempla ingresos provenientes del impuesto inmobiliario, patentes, tasas y otras fuentes municipales.
Así, el presupuesto expresa una capacidad potencial de gasto, pero no garantiza que todo ese dinero ingrese efectivamente durante el año. Lo presupuestado, lo recaudado y lo finalmente ejecutado son tres fotografías diferentes de las finanzas municipales.
Ese matiz resulta central para leer las cifras electorales: ganar una intendencia no significa recibir una caja con cientos de millones de dólares, sino asumir una administración con ingresos proyectados, gastos comprometidos y obligaciones que deben financiarse durante cada ejercicio.
Seis ciudades se reparten el resto
Fuera de Asunción, la escala cambia considerablemente.
Ciudad del Este aparece con US$ 65,5 millones; San Lorenzo, con US$ 32,2 millones; Pedro Juan Caballero, con US$ 29,2 millones; Fernando de la Mora, con US$ 23,1 millones; Luque, con US$ 22,6 millones; y Encarnación, con US$ 21,3 millones.
La concentración resulta evidente: Asunción representa aproximadamente el 63% de los US$ 529 millones considerados en la portada, mientras Ciudad del Este ronda el 12%. Las otras cinco ciudades juntas representan cerca de una cuarta parte.
La comparación tampoco significa que una administración con mayor presupuesto necesariamente tenga más dinero libre para obras. La composición de cada presupuesto es tan importante como su tamaño.
San Lorenzo sirve para observar esa dinámica. Comenzó 2026 con un presupuesto de G. 157.744 millones y posteriormente incorporó recursos mediante ampliaciones. Una de ellas, aprobada por G. 6.499 millones, provino de un aumento en la estimación de recursos genuinos y fue destinada tanto a gastos corrientes como de capital. La ordenanza está publicada por la propia Municipalidad.
Antes de esa última ampliación, su ejecución de marzo ya mostraba G. 56.455 millones presupuestados solamente para servicios personales, una muestra de cuánto puede pesar el funcionamiento de la estructura municipal dentro de una caja aparentemente enorme.
Sede de la Municipalidad de CDE. Foto: Gentileza.
El poder detrás del presupuesto
Administrar un municipio implica decidir sobre una estructura mucho más amplia que las obras visibles.
Las municipalidades recaudan impuesto inmobiliario, patentes comerciales e industriales, patente de rodados, impuestos vinculados a la construcción, tasas y contribuciones. A esos ingresos se agregan royalties, compensaciones y otras transferencias.
Parte de esos recursos sostiene el funcionamiento cotidiano: funcionarios, servicios, insumos y obligaciones institucionales. Otra parte puede financiar inversiones y obras. Y determinados fondos transferidos están sujetos a destinos específicos.
Por eso, los US$ 529 millones no representan US$ 529 millones de libre disponibilidad política.
Tampoco existe una relación automática entre presupuesto y capacidad efectiva de ejecución. Una administración puede presupuestar determinados ingresos y terminar recaudando menos; puede disponer de créditos presupuestarios para determinadas áreas y no ejecutarlos completamente; o puede modificar su presupuesto durante el ejercicio.
Lo que sí muestra la cifra es la dimensión de las estructuras administrativas que estarán bajo conducción de las autoridades municipales.
Recaudar también define cuánto se puede hacer
La capacidad de una intendencia no depende solamente de cuánto proyecta gastar, sino también de cuánto consigue cobrar.
El impuesto inmobiliario constituye una de las principales herramientas de financiamiento municipal, junto con patentes, tasas y otros tributos locales. En ciudades con una gran actividad económica, esa base de recaudación puede ampliar considerablemente la capacidad financiera de la administración.
Pero una baja recaudación también puede reducir el margen efectivo de acción, aunque sobre el papel exista un presupuesto elevado.
La propia política tributaria municipal puede incidir en esa ecuación. San Lorenzo, por ejemplo, aprobó en 2026 incentivos para el pago del impuesto inmobiliario, incluyendo descuentos y exoneraciones de multas para determinadas formas de cancelación de las deudas.
Es decir, el presupuesto muestra cuánto puede administrar una Municipalidad; la ejecución revela cuánto consiguió realmente convertir en ingresos, servicios, funcionamiento e inversión.
El presupuesto tampoco dura cinco años
Existe otra diferencia importante entre el dinero que aparece en la campaña electoral y el que efectivamente administrará quien resulte electo.
Los US$ 529 millones corresponden a una fotografía presupuestaria anual, no al valor económico de todo el próximo periodo municipal.
No corresponde multiplicar esa cifra por cinco.
Cada año las municipalidades deberán aprobar, o poner en vigencia conforme al mecanismo legal correspondiente, un nuevo presupuesto. Los ingresos podrán crecer o disminuir, aparecerán nuevas ampliaciones y reprogramaciones y también cambiarán los gastos.
Por eso, las cifras actuales sirven para medir la escala de las instituciones que están en disputa, no para calcular cuánto dinero manejará exactamente cada próximo intendente durante todo su mandato.
Sede de la Municipalidad de Encarnación. Foto: Gentileza.
Una disputa por capacidad de decisión
Las siete municipalidades incluidas en el relevamiento representan realidades muy diferentes, desde la capital del país hasta grandes centros urbanos de Central, Alto Paraná, Amambay e Itapúa.
También existen otras administraciones con presupuestos importantes, como Capiatá, Lambaré y Mariano Roque Alonso, que amplían todavía más el volumen de recursos públicos administrados desde los gobiernos locales.
La elección municipal, por tanto, tiene una dimensión que va más allá del nombre que ocupará cada intendencia. Define quién conducirá estructuras encargadas de recaudar, contratar, ejecutar obras, prestar servicios y administrar recursos públicos durante el próximo periodo.
Los US$ 529 millones permiten dimensionar ese poder, pero también sus límites: no todo el presupuesto está disponible, no todo lo presupuestado necesariamente se recauda y no todo puede gastarse discrecionalmente.
La disputa electoral será por siete intendencias. Detrás de las candidaturas, sin embargo, también estará en juego quién toma las decisiones sobre algunas de las mayores cajas municipales del país y cómo esos recursos terminan convirtiéndose, o no, en servicios y obras para sus ciudades.
