Zárate niega haber puenteado la DNCP y defiende transferencia vía ONG

Norma Zárate defendió la transferencia vía ONG de G. 2.000 millones para obras del Colegio de Policía. Afirmó que hubo tres ofertas para elegir a la constructora, aunque no presentó esos documentos ni aclaró el fondo del caso.

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Nacionales 25/8/26
Norma Zárate, gobernadora del departamento de Paraguarí.

La gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate, remitió un escrito a Parámetro para responder a la publicación sobre los G. 2.000 millones destinados a parte de las obras del Colegio de Policía “Sgto. Aydte. José Merlo Saravia”. En su respuesta rechazó que haya existido un “salteo de procedimientos” y sostuvo que la transferencia realizada a la Comisión Intersectorial del IX Departamento fue legal. El dinero fue canalizado mediante esta organización y posteriormente utilizado para contratar a Nery Sosa Construcciones, sin una licitación de la Gobernación publicada en la DNCP.

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Zárate explica su decisión

Según la gobernadora, la Comisión está legalmente constituida y cuenta con antecedentes de trabajo con el Estado. Explicó que la Gobernación disponía de recursos en el Objeto de Gasto 874, destinado a transferencias de capital a entidades de la sociedad civil, y que optaron por ese camino ante “la premura y la necesidad de concretar la obra”, evitando demoras.

Zárate sostiene que hubo documentación respaldatoria, rendición de cuentas y cumplimiento de las normas financieras. También remarcó que el Colegio de Policía fue terminado y actualmente está funcionando.

Norma Zárate junto a Elvio Santander, de la ONG y de lentes, durante un evento político realizado en junio.

La premura, sin embargo, no termina de explicar por qué no se utilizó Contrataciones Públicas. El Colegio de Policía ya formaba parte de una planificación anterior y la Policía Nacional sí licitó G. 2.720 millones para otra parte del mismo complejo.

La posibilidad presupuestaria de transferir recursos tampoco elimina las obligaciones establecidas por la Ley 7021 de Suministro y Contrataciones Públicas, que alcanza a los gobiernos departamentales y prohíbe realizar actos jurídicos, cualquiera sea su denominación, destinados a evadir su aplicación.

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Dice que hubo tres ofertas

Sobre Nery Sosa Construcciones, Zárate asegura que la empresa no fue seleccionada directamente por la Gobernación. Según su escrito, fue la Comisión la que pidió y comparó tres presupuestos antes de elegir a la constructora por sus condiciones técnicas, plazo y costo.

Sin embargo, esas tres ofertas no acompañaron el escrito. Tampoco se conocen los nombres de las otras dos constructoras ni los precios que habrían presentado. Parámetro solicitó esos documentos posteriormente y Zárate manifestó que los facilitaría, pero hasta el cierre de esta publicación no fueron recibidos.

Los documentos permitirían comprobar cómo se realizó la selección que describe la gobernadora, qué empresas participaron y bajo qué condiciones compitieron por una obra financiada con recursos públicos.

Una comisión cercana

Los G. 2.000 millones fueron entregados a la Comisión Intersectorial, presidida por Elvio Simón Santander Villarreal, funcionario del Ministerio de Educación y Ciencias y afiliado a la ANR.

Santander no aparece solamente en los documentos de la organización. Fotografías de actividades político-partidarias lo muestran junto a Norma Zárate, incluso en un encuentro en el que se pedían votos, una cercanía política relevante teniendo en cuenta que la comisión que preside recibió la transferencia millonaria de la Gobernación.

El caso forma parte de un mecanismo más amplio que venimos siguiendo. La Gobernación maneja un presupuesto inicialmente aprobado de G. 133.547 millones, mientras su PAC 2026 contempla apenas siete procesos por G. 3.336 millones. Paralelamente, parte de los recursos para obras y programas se canaliza mediante transferencias a organizaciones sin fines de lucro.

Los documentos obtenidos muestran además otra organización y otras transferencias millonarias de la administración departamental, que serán abordadas por separado.

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Los documentos pendientes

Zárate sostiene que el mecanismo utilizado es legal y rechaza que se haya puenteado la DNCP. Su escrito permite conocer la posición de la administración departamental, aunque siguen pendientes los documentos que respalden uno de sus principales argumentos.

En particular, faltan los tres presupuestos que, según la gobernadora, fueron comparados antes de contratar a Nery Sosa Construcciones. Parámetro los solicitó para verificar qué empresas participaron, cuánto ofertaron y cómo se realizó la selección.

Zárate afirma que hubo competencia y que los documentos forman parte del expediente administrativo. Hasta el cierre de esta publicación, esas tres ofertas todavía no fueron presentadas a este medio.

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