El ataque armado que dejó tres policías muertos en el Puesto Policial N.º 4 de Naranjito, departamento de Canindeyú, volvió a poner en debate la capacidad del Estado para responder a grupos armados y organizaciones vinculadas al narcotráfico en la frontera norte. Tras una reunión del Consejo de Defensa Nacional (Codena), el Gobierno anunció una serie de medidas que incluyen el refuerzo de la presencia policial y militar, así como una profunda reorganización de la infraestructura policial en la zona.
Dos hipótesis sobre el ataque
Las autoridades sostienen que los primeros indicios apuntan a una posible participación del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) junto con grupos ligados al tráfico de drogas que operan en Canindeyú.
El titular del Codena, Cíbar Benítez, explicó que entre las evidencias encontradas figuran vainillas que ya habían sido utilizadas en un ataque contra otro puesto policial en Yvyrarovana’i, ocurrido hace casi un año. Además, otra evidencia balística coincide con un arma vinculada a un hecho violento registrado en 2020.
Aunque el Gobierno considera que el EPP se encuentra "muy debilitado", sostiene que la organización mantiene capacidad para reclutar integrantes y establecer alianzas con estructuras criminales dedicadas principalmente al cultivo y tráfico de marihuana en la región.
Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, informó que los peritos identificaron 10 armas diferentes utilizadas durante el ataque, un dato que, según las autoridades, evidencia un importante nivel de organización de los responsables.
Reagrupación de puestos policiales
Uno de los anuncios más relevantes tras la reunión del Codena fue la decisión de reorganizar la distribución de los destacamentos policiales en Canindeyú.
El comandante de la Policía Nacional, César Silguero, explicó que los pequeños puestos policiales serán evaluados y, en varios casos, cerrados para concentrar al personal en destacamentos con mayor cantidad de agentes y mejor capacidad de respuesta.
La medida busca evitar que unidades con pocos efectivos queden expuestas ante ataques de grupos armados, una situación que quedó en evidencia tras lo ocurrido en Naranjito.
Las autoridades también reconocieron un problema estructural de larga data: de las aproximadamente 700 comisarías y subcomisarías existentes en el país, alrededor de 200 necesitan ser demolidas y reconstruidas debido al deterioro de sus instalaciones.
Más presencia en la frontera
El presidente Santiago Peña instruyó a los organismos de seguridad a reforzar la presencia policial y militar en la zona de conflicto.
Según el Ministerio del Interior, el EPP habría desplazado parte de sus operaciones desde Concepción hacia Canindeyú, donde comparte territorio con organizaciones dedicadas al narcotráfico que aprovechan la cobertura de las reservas naturales para ocultar sus actividades.
El desafío para las autoridades será que las medidas anunciadas tras el ataque no se limiten a una respuesta inmediata, sino que formen parte de una estrategia sostenida para fortalecer la presencia del Estado en una de las zonas más sensibles del país, donde convergen el crimen organizado, el narcotráfico y los grupos armados.
