Treinta y cinco años después de que las balas silenciaran a Santiago Leguizamón, el Estado paraguayo reconoció oficialmente que falló. Lo hizo en un acto público realizado en la sede de la Corte Suprema de Justicia, donde, en representación del Estado, el presidente del máximo tribunal, Alberto Martínez Simón, pidió disculpas públicas a la familia del periodista y asumió la responsabilidad internacional declarada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La escena reunió a autoridades de los tres poderes del Estado, representantes de organismos internacionales, organizaciones de periodistas y de derechos humanos, además de la familia Leguizamón. Pero el valor del acontecimiento trascendió el protocolo. Por primera vez, el Estado paraguayo reconoció públicamente que incumplió sus obligaciones internacionales en un caso emblemático para la libertad de expresión. El acto fue una de las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH y representa un hito en la historia democrática del país, al admitir oficialmente la responsabilidad estatal por uno de los asesinatos más simbólicos contra el periodismo paraguayo.
Un reconocimiento histórico
Durante su intervención, Martínez Simón recordó que Santiago Leguizamón desarrolló su labor periodística en un contexto dominado por la violencia, el crimen organizado y las amenazas contra quienes ejercían la libertad de expresión. Señaló que su asesinato, ocurrido el 26 de abril de 1991, no solo truncó la vida de un periodista comprometido con la búsqueda de la verdad, sino que también constituyó un ataque contra principios esenciales de toda democracia: la libertad de prensa, el acceso a la información y el debate público libre.
En nombre del Estado paraguayo, el presidente de la Corte Suprema expresó el reconocimiento de la responsabilidad internacional declarada por la Corte IDH y pidió disculpas públicas a la esposa, hijos y demás familiares del comunicador. Al mismo tiempo, sostuvo que admitir errores no representa una debilidad institucional, sino una muestra de madurez democrática y de compromiso con el Estado de Derecho. Según afirmó, las democracias sólidas son aquellas capaces de reconocer sus fallas y adoptar medidas para impedir que vuelvan a repetirse.
El magistrado también reafirmó el compromiso del Poder Judicial con la protección de la libertad de expresión, la independencia judicial y los estándares internacionales de derechos humanos, subrayando que la memoria de Santiago Leguizamón debe servir para fortalecer las investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos y combatir la impunidad.
Secretario General del Sindicato de Periodistas, Santiago Ortiz, durante el acto de reparación en la sede de la CSJ
Una deuda que continúa
Aunque la familia recibió con satisfacción el reconocimiento oficial, dejó claro que el acto no representa el final del camino. En representación de los familiares, Dante Leguizamón Morra sostuvo que la verdadera reparación llegará únicamente cuando el Estado cumpla de manera integral la sentencia internacional y transforme ese reconocimiento en políticas públicas concretas.
Durante su discurso recordó que Santiago fue mucho más que un periodista. Fue fundador de Radio Mburucuyá, docente, escritor, actor, dirigente deportivo y un activo defensor de los derechos de comunidades campesinas e indígenas en Pedro Juan Caballero. También rememoró que eligió ejercer un periodismo comprometido con denunciar el narcotráfico, la corrupción y las estructuras mafiosas que operaban en la frontera, una decisión que terminó costándole la vida.
La familia reclamó la aprobación de una ley de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, cuestionó que el oficialismo haya descartado el proyecto elaborado junto con organizaciones civiles y recordó que el Estado todavía no conformó el grupo de trabajo encargado de investigar el asesinato de Santiago Leguizamón y de los demás periodistas asesinados en Paraguay desde 1991. También advirtió sobre el cierre de espacios de diálogo con la sociedad civil y sostuvo que la memoria solo tendrá sentido si se traduce en medidas que impidan nuevas violaciones a la libertad de expresión.
El periodista Santiago Leguizamón
El mensaje para el periodismo
El secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), Santiago Ortiz, sostuvo que el reconocimiento del Estado no puede quedar reducido a un cumplimiento formal de la sentencia internacional. Recordó que durante más de tres décadas la falta de justicia consolidó un mensaje peligroso: que matar a un periodista podía quedar impune.
Ortiz señaló que, desde el asesinato de Santiago Leguizamón, otros 21 trabajadores de prensa fueron asesinados en Paraguay, una cifra que, según afirmó, demuestra las consecuencias que tuvo la impunidad para el ejercicio del periodismo. En ese contexto, exigió la aprobación de mecanismos efectivos de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como condiciones laborales y de seguridad que permitan ejercer la profesión sin amenazas ni violencia.
Treinta y cinco años después del crimen que marcó a toda una generación de periodistas paraguayos, el Estado finalmente reconoció su responsabilidad. Sin embargo, el propio desarrollo del acto dejó una conclusión compartida entre autoridades, organizaciones y familiares: el pedido de disculpas representa un paso histórico, pero la deuda solo comenzará a saldarse cuando la verdad, la justicia y las garantías de no repetición dejen de ser compromisos asumidos en una sentencia y se conviertan en una realidad para quienes hoy siguen ejerciendo el periodismo en Paraguay.
