La sesión se desarrolló con bancas vacías, reclamos cruzados y advertencias de conflicto social. Mientras el oficialismo cartista avanzaba con la media sanción del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, sectores afectados denunciaban que el texto se debatió sin el tiempo ni el diálogo necesarios. En el recinto, legisladores opositores y colorados disidentes se retiraron como gesto político, mientras afuera se acumulaban pronunciamientos de docentes, magistrados y sindicatos que advierten sobre un impacto directo en sus condiciones jubilatorias.
Qué cambia para docentes y magistrados
El proyecto aprobado en Diputados introduce modificaciones sustanciales para el magisterio nacional, docentes y magistrados judiciales. La jubilación ordinaria se fija en 57 años de edad con un mínimo de 25 años de aporte, con una tasa de sustitución que parte del 70% y puede alcanzar hasta el 85%. En el caso de la jubilación extraordinaria, se habilita a los 55 años, pero exige 30 años de aporte, con una tasa que oscila entre el 60% y el 70%.
Docentes paraguayos movilizados frente al congreso nacional
Otro punto central es el cambio en el cálculo del haber jubilatorio, que pasará a determinarse en base al promedio de los últimos 10 años de aportes, una modificación que impacta directamente en el monto final de las jubilaciones futuras. Además, el proyecto contempla un aporte gradual del 5% por parte del Estado, en un esquema que aún genera interrogantes sobre su sostenibilidad y alcance real.
Régimen para las Fuerzas Públicas
Para las Fuerzas Públicas, la reforma establece una edad mínima de 57 años con 25 años de aporte, con una tasa de sustitución que pasa del 60% al 70%, con un tope máximo del 85%. A diferencia del régimen aplicado a docentes y magistrados, el cálculo del haber jubilatorio se realizará sobre el promedio de los últimos cinco años de aportes, un esquema diferenciado que también fue objeto de cuestionamientos durante el debate.
Agentes femeninas de la Policía Nacional del Paraguay
Advertencias y reacciones
Desde el Poder Judicial, el camarista Jorge Barboza advirtió que el reclamo del sector es legítimo, pero cuestionó el apuro con el que se trató el proyecto. Señaló que una reforma de esta magnitud requiere consenso y diálogo, condiciones que, según afirmó, no se dieron durante el tratamiento legislativo.
En el sector educativo, la reacción fue inmediata. Gabriel Espínola, dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, calificó la votación como una traición y anunció la convocatoria a una huelga nacional, anticipando un escenario de mayor conflictividad social si el proyecto avanza sin modificaciones.
Dentro del propio Congreso, la sesión dejó señales de fractura política. Legisladores opositores y colorados disidentes se retiraron del recinto para no legitimar lo que definieron como una “falsa reforma” tratada a las apuradas. La diputada Johana Ortega advirtió que el debate se dio “a oscuras” y que incluso sectores del oficialismo desconocían el contenido final del texto aprobado.
Un contexto que agrava el debate
El avance de la reforma ocurre en un momento de alta sensibilidad previsional. En 2019, el Congreso había aprobado la eliminación del aporte estatal del 7% a la caja parlamentaria, pero ese esquema fue revertido de manera silenciosa en agosto de 2023, ya en la era del presidente Santiago Peña, al reintroducirse el aporte en el Presupuesto General de la Nación 2024. Esa decisión reavivó las críticas sobre la coherencia del discurso oficial en materia de sostenibilidad fiscal.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto pasa ahora al Senado, donde se anticipa un nuevo foco de tensión política y social. Mientras el oficialismo busca cerrar la reforma, los sectores afectados ya anuncian medidas de presión y advierten que el debate sobre la Caja Fiscal está lejos de cerrarse.
