El sistema previsional paraguayo atraviesa una de sus discusiones más sensibles en décadas. La sostenibilidad de la Caja Fiscal, el envejecimiento poblacional y el peso creciente de las jubilaciones sobre el presupuesto público ocupan el centro del debate político. Sin embargo, mientras se analizan ajustes para docentes, policías y militares, existe un régimen que permanece al margen de cualquier revisión estructural: la jubilación parlamentaria. Un sistema creado por ley para quienes ejercen cargos de representación política transitoria y que hoy depende, de manera directa, de recursos del Estado.
Mandato político y jubilación estatal
La Constitución Nacional define con claridad la naturaleza del cargo parlamentario. Senadores y diputados no integran la carrera administrativa ni mantienen una relación laboral permanente con el Estado. Ejercen un mandato representativo, conferido por el voto popular y limitado en el tiempo. No existe subordinación jerárquica, estabilidad funcional ni continuidad laboral más allá del período constitucional.
La jubilación estatal, en cambio, responde a otra lógica. Es un componente del sistema de seguridad social destinado a proteger a quienes, tras décadas de trabajo continuo y aportes regulares, alcanzan una etapa de retiro en la que ya no pueden generar ingresos. Su fundamento no es el cargo, sino la trayectoria laboral prolongada y la relación permanente con el sistema previsional.
El problema de fondo surge cuando ambos planos se superponen. El Congreso creó un régimen jubilatorio estatal para un cargo que constitucionalmente no es una función pública permanente, sino un mandato político temporal. La pregunta, entonces, no es cuánto cobran los jubilados parlamentarios, sino si corresponde que ese tipo de cargo genere un derecho previsional financiado por el Estado.
Un régimen con parámetros excepcionales
El sistema previsional parlamentario funciona con reglas que no existen en el régimen general. La jubilación extraordinaria permite acceder al beneficio con 10 años de aportes, equivalente a dos períodos legislativos, con una tasa de sustitución del 60% del último salario. La jubilación ordinaria se obtiene con 15 años de aportes y otorga el 80% del último ingreso percibido, incluyendo dieta y gastos de representación.
En el régimen del Instituto de Previsión Social, en cambio, se exigen 25 años de aportes y una edad mínima mayor, con tasas de sustitución significativamente más bajas. La diferencia no es marginal: la jubilación promedio del sistema general ronda los G. 2.760.000, mientras que la jubilación parlamentaria promedio supera los G. 11.800.000 mensuales.
Además, la legislación habilita beneficios adicionales inexistentes para el resto de los trabajadores. Viudos y viudas de ex parlamentarios acceden al 40% del haber jubilatorio, y quienes no completan los años necesarios para jubilarse pueden retirar hasta el 95% de sus aportes, una modalidad vedada en el sistema previsional común.
El costo fiscal del desvío
Según datos oficiales del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo, 212 ex senadores y ex diputados cobran actualmente jubilaciones parlamentarias. El gasto mensual total asciende a G. 2.521 millones, mientras que el Presupuesto General de la Nación 2026 prevé un aporte estatal de G. 4.055 millones para sostener la caja.
Membros del senado paraguayo en plena votación
Este monto casi duplica el aporte estatal del año anterior y confirma una tendencia creciente. Pese a intentos legislativos previos por eliminar la asistencia del Tesoro, el sistema demostró ser financieramente inviable sin recursos públicos. Solo entre 2024 y 2026, el Estado destinó más de G. 10.000 millones para sostener la jubilación parlamentaria.
Los mayores beneficiarios perciben haberes cercanos a los G. 27,8 millones mensuales, más de diez veces el salario mínimo vigente. Todo ello financiado con impuestos generales, en un país donde cerca del 70% de la población ocupada trabaja en la informalidad y no accede a ningún sistema jubilatorio.
Una discusión que el Congreso evita
Mientras el Parlamento impulsa reformas para endurecer las condiciones de jubilación de otros sectores del Estado, el régimen previsional parlamentario permanece fuera del debate central. Las propuestas presentadas hasta ahora apuntan a ajustes parciales, sin cuestionar el principio que lo sustenta: la existencia de una jubilación estatal para cargos de representación política.
El núcleo del problema no es técnico, sino institucional. La seguridad social fue diseñada para proteger trayectorias laborales permanentes, no mandatos transitorios. Sin embargo, el Congreso consolidó por ley un sistema que convierte el ejercicio temporal del poder político en un derecho previsional de por vida, con respaldo del presupuesto público.
La discusión sobre la sostenibilidad de la Caja Fiscal seguirá avanzando. La pregunta es si, en algún momento, el Congreso estará dispuesto a incluirse a sí mismo en esa revisión.
