El crecimiento no fue abrupto ni visible de inmediato. Aparece, más bien, como una sucesión de incrementos patrimoniales asentados en documentos oficiales, dispersos en distintas declaraciones juradas y coincidentes con el ejercicio de cargos públicos en Caaguazú. Padre e hijo, con trayectorias políticas distintas pero entrelazadas, exhiben hoy patrimonios difíciles de explicar únicamente a partir de los ingresos formales de la función pública.
Alejo Ríos: un patrimonio que se multiplicó con los cargos
Las declaraciones juradas presentadas por Alejo Ríos Medina, actual diputado nacional, permiten reconstruir una evolución patrimonial sostenida y significativa a lo largo de su carrera política. En 2015, al dejar la Intendencia de Caaguazú, Ríos declaró un patrimonio neto de G. 3.210 millones, compuesto principalmente por inmuebles y un vehículo, sin pasivos registrados. En ese mismo documento consignó como único ingreso mensual su salario como intendente, cercano a G. 19 millones, y gastos personales relativamente bajos en relación con el volumen de activos declarados.
El diputado Alejo Ríos ocupando su banca
Ese punto de partida resulta relevante porque, en los años siguientes, el patrimonio continuó creciendo. Durante su paso por la Gobernación de Caaguazú, nuevas propiedades fueron incorporadas a sus declaraciones. En una DJ posterior, Ríos incluyó un inmueble rural de aproximadamente 9 hectáreas, valuado en G. 1.500 millones, atribuido a una herencia de años anteriores. Sin embargo, ese bien no había sido consignado en declaraciones previas, lo que plantea interrogantes sobre la oportunidad de su inclusión patrimonial.
Al finalizar su etapa como gobernador y ya como diputado nacional, una declaración presentada en 2023 volvió a ampliar el listado de bienes. En ella se incorporó una propiedad supuestamente adquirida en 2016, valuada en G. 350 millones, que tampoco figuraba en registros anteriores. Con esa actualización, el patrimonio total declarado superó los G. 5.000 millones netos, con activos que rondan los G. 6.000 millones.
Las propias declaraciones juradas consignan, además, ingresos comerciales mensuales cercanos a los G. 80 millones, sin identificación clara del rubro específico que los genera. Este dato contrasta con la ausencia de registros públicos de actividades empresariales de gran escala a nombre del legislador y con el hecho de que buena parte de las adquisiciones patrimoniales se realizaron sin consignación de créditos o préstamos que expliquen su financiamiento.
En paralelo a este crecimiento documentado, Ríos aparece vinculado —según reportes locales y registros no patrimoniales— a un complejo recreativo de gran envergadura inaugurado en 2021, en plena pandemia. El predio cuenta con piscinas, áreas de recreación, infraestructura edilicia y espacios para eventos, cuya inversión resulta significativa. Si bien la titularidad formal no figura de manera explícita en las declaraciones juradas, el desarrollo del complejo coincide temporalmente con el período de mayor expansión patrimonial del diputado.
Entre los principales puntos que surgen del análisis de sus declaraciones figuran la incorporación tardía de bienes, ingresos comerciales elevados sin rubro detallado, un nivel de gastos personales bajo en relación con el patrimonio declarado y la acumulación de propiedades valuadas en miles de millones de guaraníes durante el ejercicio de cargos públicos.
Severo “Papu” Ríos: crecimiento patrimonial desde la Intendencia
El crecimiento patrimonial no se limita al diputado. Su hijo, Severo José “Papu” Ríos, actual intendente de Caaguazú, muestra una evolución similar en sus declaraciones juradas. En su primera DJ, presentada en 2014 al inicio de su carrera política, declaró activos modestos y una deuda cercana a G. 70 millones. Menos de un año después, ya consignaba activos por aproximadamente G. 180 millones, junto con un salario mensual de G. 12 millones.
El actual intendente de Caaguazú, Severo "Papu" Ríos
Tras asumir como intendente en 2018, su patrimonio volvió a incrementarse. Para 2023, las declaraciones disponibles consignan activos por alrededor de G. 670 millones, incluyendo una propiedad valuada en G. 500 millones, un vehículo de alta gama —una Toyota Fortuner 2020— y otros bienes por al menos G. 75 millones. Todo ello con ingresos mensuales cercanos a los G. 19 millones y sin registros públicos de emprendimientos empresariales de gran escala.
En paralelo, en el ámbito local se lo vincula con el Complejo San José, un predio recreativo de unas 25 hectáreas ubicado en la zona de Toro Blanco, que cuenta con piscinas, áreas deportivas, zonas de pesca y grandes tinglados. El complejo, conocido y frecuentado en la región, no figura expresamente en sus declaraciones juradas patrimoniales conocidas. Versiones ciudadanas señalan que su desarrollo se habría producido durante su administración municipal, aunque hasta el momento no existen documentos oficiales que acrediten titularidad o inversión directa del intendente en el emprendimiento.
El propio Severo Ríos ha consignado en sus declaraciones un esquema de endeudamiento que explicaría la sostenibilidad de su nivel de gastos, el mantenimiento de bienes y la adquisición de vehículos, un argumento que, sin embargo, no disipa las dudas sobre la proporción entre ingresos formales y patrimonio acumulado.
Cuando el poder coincide con la expansión patrimonial
Que una familia incremente su patrimonio no constituye un delito. Lo que sí amerita escrutinio público es que ese crecimiento ocurra de manera sostenida mientras sus integrantes ejercen cargos de alta responsabilidad y administran recursos públicos, y que parte de ese aumento no encuentre explicación clara en los ingresos formales declarados.
Las declaraciones juradas de Alejo y Severo Ríos están presentadas y disponibles. Los números figuran en documentos oficiales. Lo que permanece abierto es la explicación integral sobre el origen, la oportunidad y la coherencia de ese crecimiento patrimonial con los salarios y actividades declaradas.
Para la mayoría de los paraguayos, multiplicar un patrimonio en varios miles por ciento a lo largo de una carrera en la función pública sería un fenómeno excepcional. En Caaguazú, al menos para el Clan Ríos, los documentos muestran que esa expansión fue parte del recorrido.
Las cifras están sobre la mesa.
Las preguntas, por ahora, siguen sin respuesta.
Fuente: Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas – Contraloría General de la República (2013–2023).
