Preforte Paraguay S.A., una empresa de capital boliviano, desembarcó en Paraguay en 2024, impulsada por el discurso oficial de atracción de inversiones extranjeras promovido por el Gobierno. Se instaló en la zona de Ykua Karanday–Luque, donde construyó una planta de hormigón con una inversión de USD 7,5 millones, que debía generar cerca de 700 empleos. Obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y los permisos municipales correspondientes.
Meses después, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) revocó la licencia alegando un cambio de uso del suelo, lo que detuvo por completo la operación y generó inquietud entre empresarios y trabajadores. Bajo la gestión del ministro Rolando de Barros, el caso pasó de ser un trámite técnico a un conflicto que hoy pone a prueba la seguridad jurídica en materia industrial y ambiental.
Peña y Rolando de Barros, en medio del debate por el caso Preforte.
Un procedimiento opaco
Según Preforte, el proceso administrativo se resolvió con celeridad inusual y sin agotar las etapas técnicas previstas por ley. La empresa afirma que cumplió estrictamente con el plan de gestión y mitigación ambiental aprobado por el MADES, pero que la autoridad “impulsó medidas arbitrarias, desprovistas de justificación técnica”, mientras otros establecimientos del sector operan sin inconvenientes.
En su comunicado institucional, Preforte advirtió que el conflicto “afecta la imagen y credibilidad del país” y pidió a las autoridades nacionales advertir el perjuicio que provocan decisiones que desalientan la inversión productiva.
“Apreciaríamos que las autoridades nacionales adviertan el perjuicio que produce a la imagen y credibilidad del país un discurso que invita a invertir, mientras se hace todo lo posible para ahuyentar a quienes responden a la invitación con trabajo e inversión genuina.”
Comunicado oficial de Preforte, empresa extranjera de capital boliviano.
Competencia y tensiones
Ya en abril de 2025, el presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria del Hormigón Elaborado (CAPIHE), Enio Quevedo, fue uno de los primeros en pronunciarse sobre la llegada de la empresa boliviana. En declaraciones a ABC Color el 9 de abril, Quevedo sostuvo que “el ingreso de capital extranjero puede alterar el equilibrio del mercado local” y advirtió que la crisis económica en Bolivia estaba impulsando a varias compañías a instalarse en Paraguay.
Semanas más tarde, vecinos de Zárate Isla, en Luque, presentaron un amparo judicial denunciando ruido, tránsito pesado e impacto ambiental. El caso fue publicado por Judiciales.net bajo el título Ratifican que la empresa Preforte se instaló de forma irregular en Zárate Isla. En la fotografía principal de esa nota aparece Enio Quevedo detrás del grupo de vecinos que impulsó la acción judicial. Su presencia reavivó sospechas sobre la influencia empresarial en la causa, dado que fue él quien había encabezado las críticas públicas al ingreso de Preforte al país.
Enio Quevedo, titular de CAPIHE, aparece junto a vecinos que promovieron el amparo, evidenciando un claro conflicto de interés.
El comunicado de Preforte
En su solicitada titulada “La confianza para invertir en Paraguay está en juego”, la empresa denunció hostigamiento de sectores reacios a la libre competencia y afirmó haber cumplido con todas las exigencias técnicas y legales. También expresó confianza en que la justicia paraguaya pueda corregir las medidas que consideran arbitrarias.
“Confiamos en que la justicia paraguaya corregirá las arbitrariedades que hoy nos perjudican. Sin embargo, apreciaríamos que las autoridades nacionales adviertan el perjuicio que produce a la imagen y credibilidad del país un discurso que invita a invertir, mientras se hace todo lo posible para ahuyentar a quienes responden a la invitación con trabajo e inversión genuina.”
El comunicado concluye recordando que Preforte cree “profundamente en Paraguay, en su gente trabajadora y en su espíritu generoso que invita a construir prosperidad”.
El fondo del conflicto
El caso Preforte expone la contradicción entre el discurso de atracción de inversiones extranjeras y la falta de previsibilidad institucional que las termina frenando. Mientras el Estado promueve el ingreso de capital extranjero, decisiones técnicas mal fundamentadas y disputas de intereses pueden comprometer la imagen del país ante futuros inversores.
Ayer, vecinos de Luque se movilizaron frente a la planta industrial de Preforte, reclamando la revisión de la medida adoptada por el MADES. En la manifestación, los pobladores expresaron su respaldo a la empresa, afirmando que “Preforte siempre cumplió con la comunidad, genera trabajo y cuida el entorno”. También advirtieron que la suspensión afecta directamente a quienes viven en la zona y que más de 700 empleos quedaron en riesgo.
Movilización de vecinos en Luque apoya a Preforte y pide revisar la medida.
El Gobierno, y especialmente el Ministerio del Ambiente, deben revisar este caso con seriedad y transparencia. Si los documentos y los procedimientos de Preforte se ajustan a las normas, no hay razón para mantener una decisión que pone en duda la seguridad jurídica del país.
El desafío, en adelante, es que Paraguay no convierta sus políticas ambientales en barreras contra el desarrollo productivo que el propio Estado dice promover.
